Tras meses de duros enfrentamientos entre los dos socios del Gobierno de coalición y en medio de la celebración del Día del Orgullo, que ha ejercido de espada de Damocles para que se llegue a un acuerdo, el Consejo de Ministros dio ayer vía libre al anteproyecto de ley trans y derechos LGTBI. Cuando la norma llegue al BOE, España se situará entre la quincena de países que reconocen la libre autodeterminación de género, es decir, el interesado o la interesada podrá cambiar de sexo en el registro civil y el DNI por mera voluntad, sin los dos años de hormonación y el informe médico que se exigen en la actualidad y sin medios de prueba sobre la situación «estable de transexualidad» como en un inicio reclamaba Carmen Calvo.
Hace dos semanas y después de la petición de varios colectivos de que el PSOE no fuera invitado a la manifestación central del Día del Orgullo «por bloquear la ley», los ministerios de Igualdad y Justicia y la vicepresidencia primera llegaron a un acuerdo que supone reconocer de facto la autodeterminación, pero sin mencionar el término en el texto. El pacto implica que la persona ratifique su solicitud ante el registro civil en dos ocasiones, con tres meses de diferencia, y que el proceso culmine como máximo a los cuatro meses.
El derecho se reconoce a partir de los 16 años y entre los 14 y los 16 años para los menores asistidos por «sus representantes legales». Entre los 12 y los 14 años, se autoriza el cambio de nombre pero la modificación del sexo se debe reclamar ante la jurisdicción voluntaria. Los menores de esa edad solo pueden cambiar de nombre.
Voces discrepantes
No obstante, las garantías introducidas no convencen a un sector del movimiento feminista, que el fin de semana se manifestó en contra de una ley que, a su juicio, «borra» a las mujeres y la discriminación que sufren en base a su sexo biológico. Destacadas feministas como Amelia Valcárcel y Ángeles Álvarez, antigua portavoz parlamentaria de Igualdad del PSOE, han suscrito un manifiesto en el que reclaman que el «cambio de sexo registral siga siendo una excepción jurídica».
Hace un año, el PSOE se alineó con estas tesis y difundió un documento, firmado por Calvo y por José Luis Ábalos, contra la autodeterminación de género al señalar que «si se niega el sexo, se niega la desigualdad». Sin embargo, el PSOE apoya ahora el texto acordado.
El anteproyecto implica que a las personas trans se las deje de considerar como enfermas, tal como había reclamado la OMS, y que se establezcan las herramientas necesarias para que el colectivo, objeto de todo tipo de discriminaciones, pase de la igualdad legal a la real. Para ello, contempla medidas en el ámbito educativo, laboral, sanitario, etcétera, para tratar de evitar, entre otras cosas, el bullying en los centros educativos y acciones demasiado cotidianas como que una pareja de lesbianas no puedan alquilar un piso. Para evitar las vejaciones y discriminaciones, el texto incluye sanciones que pueden llegar a los 150.000 euros en los casos más graves, así cómo obligaciones para los poderes públicos.
Largo recorrido
Al anteproyecto le queda aún un largo recorrido: tiene que someterse al veredicto de los órganos consultivos, volver al Consejo de Ministros y después superar el trámite parlamentario. Pero una vez desbloqueado el escollo de la autodeterminación, que era la demanda principal de los colectivos trans y la línea roja que había marcado Podemos, la tramitación se prevé más sencilla. No obstante, las entidades lucharán para rebajar la edad para ejercer el derecho a la libre determinación y por la inclusión en el DNI de una tercera casilla para las personas no binarias, algo que ahora se ha dejado fuera de la ley por la falta de consenso.
De hecho, la ministra de Igualdad, Irene Montero, reconoció el lunes que la negociación «ha sido larga y difícil», aunque restó trascendencia al choque con Calvo al poner en valor que se dé «un paso de gigante» con un «buen texto legislativo». El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, destacó el papel «fino y competencial» de la vicepresidenta para dar «solidez» a un anteproyecto que sitúa a España «en la vanguardia europea», precisamente en un momento de fuerte debate por la pretensión de Hungría de discriminar al colectivo.
