El Consejo de Gobierno se reunió este jueves y abordó la evolución de la pandemia del coronavirus en Canarias. El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, explicó que "los niveles de alerta en las islas se mantienen tal y como están", sin cambios, y valoró positivamente los datos de contagios de los últimos días. De esta manera, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La Graciosa están en nivel 2 y el resto de islas en el 1.

Los niveles de alerta se mantendrán al menos una semana más, pese a que los datos generales “siguen siendo razonablemente positivos”, con la única salvedad de la isla de Tenerife sobre la que Pérez señaló que existe "una preocupación singular”, Isla a la que, según los criterios epidemiológicos, “debe otorgarse una importancia mayor y generar más atención por parte de nuestros servicios porque los contagios están dispersos, se producen en distintas localidades”. A diferencia, dijo, de lo que está ocurriendo en Lanzarote, "donde los contagios se sabe que proceden de un único foco".

Pérez incidió en que "las cifras generales de Canarias son buenas porque estamos un poco por encima de los 40 casos en la Incidencia Acumulada a 7 días". Aseguró que un tercio de la población diana ya cuenta con al menos una dosis de las vacunas contra la Covid y más de 300.000 personas ya cuentan con la pauta completa. Sobre la campaña de vacunación refirió que el pasado miércoles se volvió a batir otro récord con la administración de más de 22.000 vacunas.

La evolución de la pandemia y el ritmo de vacunación ha hecho que el Gobierno se plante modificar las reglas vigentes para la apertura de Canarias al exterior una vez que se reanuden los flujos turísticos.

Julio Pérez explicó que el Gobierno canario estudia que los turistas puedan entrar en las Islas no solo con prueba PCR, sino también con acreditación de vacunación o de que proceden de zonas con baja incidencia. No obstante, no se han tomado aún decisiones al respecto.

Además, el Ejecutivo regional está a la espera de la respuesta del Tribunal Supremo al recurso de casación de la comunidad autónoma sobre la posibilidad de imponer cierres perimetrales en caso de que haya islas donde empeore la situación y pasen a nivel 3 o 4. Entre las medidas alternativas que se barajan figuran hacer más cribados, la exigencia de test y la vigilancia en islas con más riesgos. Cabe recordar que el Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto ley de medidas frente al coronavirus tras el levantamiento del estado de alarma, que delega en el Tribunal Supremo la última palabra sobre las restricciones de movimiento que pueden adoptarse en las distintas comunidades autónomas.

Cierre perimetral

Si el Tribunal Supremo se pronuncia en contra del cierre perimetral de las islas, tal como el Gobierno de Canarias proponía, el Ejecutivo "ajustará sus decisiones a su doctrina, tanto si nos da la razón como si no nos la da", ha asegurado Pérez.

Pérez recordó que la Fiscalía del Supremo ha pedido a los magistrados del alto tribunal que rechacen el recurso del Gobierno canario por la negativa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de avalar el cierre perimetral de las islas.

El Ejecutivo canario decretó el confinamiento perimetral del archipiélago ya que entendía que esta medida junto con la limitación de los grupos son esenciales para controlar la pandemia. Pero el TSJ de Canarias lo denegó al considerar que no puede avalar el cierre ordenado por el Gobierno regional ante las imprecisiones en sus términos porque consideran que el régimen jurídico establecido por el Ejecutivo es discriminatorio.

Pérez ha señalado que el objetivo es que las cifras de vacunación y de incidencia hagan que no sea necesario el cierre perimetral, y en caso de que fuese necesaria alguna limitación a la movilidad, "quizá haya que tomar otras medidas de cierre que no afecten a la isla completa".