El Gobierno aprobó este martes el reparto entre las comunidades autónomas de 19,8 millones de euros –1.064.594 en el caso de Canarias– para la puesta en marcha de centros de crisis en los que se atienda a mujeres víctimas de violencia sexual, que se espera puedan funcionar en 2023.
El objetivo es que las comunidades autónomas cuenten con un centro de atención abierto las 24 horas los 365 días de año para prestar atención de emergencia, psicológica, jurídica y social para las víctimas, familiares y personas del entorno.
Podrán acudir en busca de ayuda las víctimas de violación, matrimonio forzoso, mutilación genital, acoso sexual, proxenetismo, explotación sexual, trata con fines de explotación sexual, acecho o acoso reiterado por razón de género, feminicidio sexual y cualquier otro acto no consentido de naturaleza sexual para recibir una atención especializada.
