España tiene más del 27% de la superficie terrestre con alguna figura de protección incluida en la Red Natura 2000 y cerca del 13% en las aguas marinas.En la península ibérica y las islas hay 15 parques nacionales, 152 naturales, 291 reservas, 342 monumentos naturales, 57 paisajes protegidos y más de 800 espacios, por lo general de pequeño tamaño, con otras figuras desarrolladas por las comunidades autónomas. Así aparece en la última actualización del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que recoge Europarc sobre el estado de estos “escudos” en un contexto de emergencia climática.
La inversión en estos espacios y su gestión eficiente resultan estratégicas en un horizonte de transición ecológica, de lucha contra el cambio climático, de educación ambiental y disfrute en los valores de la naturaleza. Algo en lo que incide Rafael Mata, presidente de Europarc España, por lo que pide mejorar las dotaciones presupuestarias. La crisis económica de 2008, sin embargo, se tradujo en recortes ambientales, aunque el número de visitantes a los enclaves naturales no ha parado de crecer. Especialmente ahora, en plena pandemia, donde las restricciones son mayores para los espacios cerrados. Si en 2016 eran 16 millones las personas que se acercaron a los parques nacionales y otros 15 a los naturales, las visitas a puntos de valor ecológico se han incrementado tras el estado de alarma.
Los parques naturales poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación “merece una atención preferente”. Son lugares más transformados que los parques nacionales, por lo que se permiten más usos. Un claro ejemplo es el Parc Natural de l’Albufera, con más de 21.000 hectáreas en su gran mayoría de arrozales. Las necesidades ambientales, pues, han de convivir con la actividad económica, por lo que muchas veces colisionan los intereses conservacionistas con los agrícolas.
Las áreas protegidas, como el resto del territorio, también están expuestas al cambio climático. Son, por tanto, los mejores laboratorios para aplicar las medidas de mitigación. La zona mediterránea, según los científicos, será una de las que sufra de forma más severa los efectos del calentamiento global, también sus ecosistemas y su biodiversidad. Algo que sucederá igualmente en el mar, de ahí que el Ministerio para la Transición Ecológica abordara el tema de forma específica en la última Cumbre del Clima celebrada en Madrid.
Entre 2017 y 2018 se declararon 16 espacios nuevos en cinco comunidades autónomas, a lo que se sumó la gran área marina protegida del Corredor de Migración de Cetáceos del mediterráneo. Y aunque queda camino por recorrer en cuanto a elementos normativos, el 80% de los parques nacionales y el 61% de los naturales cuentan con su Plan Rector de Uso y Gestión.
El 70% de los espacios protegidos Red Natura 2000 tienen instrumento de gestión aprobado, tal como destaca el informe de Europarc. Son normativas de redacción compleja, con trámites que alargan su aprobación. Uno de los casos más recientes en la Comunitat Valenciana es la revisión del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Túria, que amplia la protección de varios parajes, entre ellos el de les Moles. Una ubicación sobre la que se proyectaba un megacentro comercial, iniciativa paralizada.
Las inversiones medias en los parques siguen una tendencia descendente, con 54 euros/hectáreas en parques nacionales, los más bajos registrados, y 26 euros en parques naturales, cifras casi calcadas a las de 2010.
Para Emilio Barba, Doctor en Ciencias Biológicas y Máster en Gestión Medioambiental y en Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, el punto más complicado es el de la financiación. Barba desarrolla su investigación en el Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València, y reclama información concreta a la administración sobre lo que se destina en concreto a espacios protegidos. La única fuente de información, más o menos concretas, son las memorias de gestión, comenta.
En esa idea incide el anuario de Europarc, donde se destaca que su gestión “requiere de una dotación económica suficiente para cubrir gastos de personal y de funcionamiento, además de recursos económicos para el desarrollo de actividades que permitan alcanzar sus metas últimas de conservación de la biodiversidad, además de las ligadas al disfrute de la sociedad”.
Desde hace algunos años se han consolidado los espacios naturales protegidos locales, es el caso de algunos parques periurbanos en Andalucía y Extremadura, o espacios naturales de interés local en Galicia o los parajes naturales municipales en la Comunitat Valenciana. Estos enclaves pueden ser un marco de oportunidad para la dinamización social y económica de los territorios rurales abocados a la despoblación.
Aunar economía y naturaleza
Otras figuras de protección derivadas de la legislación sectorial son las reservas naturales fluviales, geoparques, humedales, reservas biogenéticas del Consejo de Europa o Reservas de la Biosfera. Esta última busca armonizar la conservación de la naturaleza con el desarrollo socioeconómico. España es el país que cuenta con un mayor número y una superficie de 5,4 millones de hectáreas, lo que supone el 10,46 % de la superficie. En 2018 se declaró la Reserva de Ponga, en Asturias y en 2019 fueron La Siberia extremeña, el Valle del Cabriel, que comprende a Aragón, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana, y del Alto Turia, que afecta a Castilla-La Mancha y de nuevo la autonomía valenciana.
