El Estado autonómico supera el test de estrés impuesto por el Covid-19

Si alguna certidumbre política deja el primer aniversario del decreto del estado de alarma en España es que el Estado de las autonomías resiste. Al estilo de los stress test creados para poner a prueba la solvencia de los bancos en caso de una crisis económica, el coronavirus ha estirado las costuras del modelo territorial español –cuestionado a menudo por unos y otros por exceso o por defecto– hasta máximos insospechados. Con una diferencia sobre los exámenes a las entidades bancarias: no se trataba de un simulacro y el margen de error era limitado. Sin excesivo desarrollo de los órganos de Gobierno conjuntos y con falta de experiencia en la gestión conjunta de situaciones límite, el sistema autonómico ha aguantado los durísimos vaivenes a los que ha sido sometido durante la pandemia. Ha sobrevivido, con indisimulables problemas pero con inimaginable resilencia a unos meses en los que ha pasado de la concentración inicial de las competencias en el Gobierno central, el pasado marzo, dejando casi vacías de poder a las autonomías, a la descentralización de la responsabilidad en las comunidades hasta cotas antes no experimentadas, dando lugar a la ya célebre “cogobernanza”.

La cita de los domingos

Con apenas tres meses de vida, el Gobierno de coalición aprobó, hace ya un año, un estado de alarma de dimensiones inéditas en la historia democrática española. La redacción del decreto que le dio vida, que llevó a los ministros casi dos días y alguna noche, concedió al Ejecutivo central un poder inusitado hasta el momento, solo comprensible en una crisis sanitaria mundial de duración y gravedad desconocida en esos momentos, y convirtió al presidente del Gobierno y al ministro de Sanidad, especialmente, en gestores todopoderosos, dejando un lado atrás pero también muy empoderados a los titulares de Interior, Transporte y Defensa. La aplicación de la medida constitucional despojó a las comunidades de sus competencias por primera vez desde 1978 –mención aparte del 155 en Catalunya.

Ante la dureza de la medida y las críticas de los líderes autonómicos, Pedro Sánchez reunió al día siguiente de aprobar el decreto de alarma, el domingo 15 de marzo de 2020, a la conferencia de presidentes autonómicos, que desde que vio la luz, en 2004, solo se había convocado en seis ocasiones. Esto también fue uno de los cambios rotundos que trajo consigo el coronavirus para la política española: los presidentes se han citado, presencial o telemáticamente, hasta 17 veces desde aquel día.

Costó asumir la situación de desequilibrio y poder entre administraciones que imponía Sánchez. Pese a los intentos por templar gaitas del jefe del Ejecutivo, los reproches fueron la tónica general en las primeras reuniones y lo siguen siendo en las últimas. Aun así, se alcanzaron acuerdos. Se veían domingo tras domingo y, como si se trata del juego de la soga, los presidentes autonómicos (algunas veces unos cuantos, otras veces todos; de un solo color político o de varios; con más o menos ímpetu según las circunstancias) se ponían a un lado de la cuerda y, con el Gobierno enfrente, la tensaban e intentaban arrastrar al Ejecutivo de vuelta a la descentralización.

En aquel ambiente de los primeros días de pandemia, las acusaciones del entonces ‘president’ de la Generalitat, Quim Torra, sobre la supuesta llegada de otro 155 encubierto y las protestas más tenues del lehendakari Íñigo Urkullu, quedaron eclipsadas por continuos e infatigables reproches de los barones del Partido Popular.

Jugar a otro juego

Rozando junio, la escalada de las tensiones con las comunidades –incluso con algunas de signo socialista– y la falta de apoyos suficientes en el Congreso para prorrogar la alarma, obligaron a Sánchez a dejar la desescalada en manos de las autonomías. Eso sí, bajo la tutela constante del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La llegada del verano, con los contagios bajando y las restricciones diluidas, permitió una rebaja de las tensiones. Pero la amenaza de la segunda ola a finales de agosto dio un vuelco a la situación. Con la experiencia de los meses anteriores, Sánchez dejó caer la soga y, situando la cogobernanza en el centro del tablero, se dispuso a jugar a otro juego. El Gobierno puso sobre la mesa una nueva propuesta: un estado de alarma a la carta, en la que la responsabilidad de solicitar la alarma recaía, en la práctica, sobre los hombros de las autonomías. La descarga en las comunidades de atribuciones y, sobre todo, de las decisiones sobre restricciones ciudadanas, lejos de contentarlas, volvió a avivar los enfrentamientos.

El 25 de octubre llegó la aprobación de un último estado de alarma, que sigue y seguirá vigente hasta el 9 de mayo. La aplicación de esta medida, demandada por la mayoría de comunidades, señaló también a los presidentes autonómicos como autoridades delegadas –esta vez no se dejaba el poder en manos de ministros- con la condición de que las decisiones se tomasen en cooperación con el Gobierno en el Consejo Interterritorial del Sistema Sanitario Nacional, que se ha convertido en un órgano de decisión casi federal.