La Consejería de Sanidad va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) revisar la sentencia que ha anulado en su totalidad la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2018. En esta solicitud, para la que se hará uso de la figura jurídica de “incidente de aclaración de sentencia”, la Administración instará al juez fallar una resolución tan solo en base a los argumentos que han presentado los demandantes para desestimar estas oposiciones, sin entrar a valorar si se hizo en tiempo y forma. Y es que los demandantes tan solo habían solicitado que se cumpliera una disposición adicional de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2018, que, aprobada por todos los grupos políticos, instaba a estabilizar de manera directa a todos los empleados públicos de más de 50 años. Los demandantes no entraban a valorar que la OPE fuera o no ilegal. Así lo presentó ayer el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, a los sindicatos más representativos de la sanidad canaria, en una Mesa Sectorial en la que también se plantearon otras alternativas para evitar, ante todo, la repetición de exámenes en los profesionales que ya los han acometido.
Sanidad tiene 5 días para presentar esta subsanación. Posteriormente, se pasará el testigo a los demandantes, quienes tendrán otros 5 días para decidir si la admiten. Estas dos semanas serán, por tanto, definitorias para el proceso selectivo que en estos momentos se ha quedado paralizado a la espera de lo que se dictamine. Los sindicatos han hecho un llamamiento a estos trabajadores para que actúen por el bien de sus compañeros y “hagan un acto de fe” que permita que el procedimiento, por el que se han examinado más de 15.000 personas, siga su cauce. “Hemos perdido todos”, sentencia.
Los demandantes son diez facultativos especialistas de área de más de 50 años de Gran Canaria, conformados en aquel momento como Plataforma de Consolidación que, más tarde, se integraron en la Mesa de la Confluencia de Canarias. Los demandantes solicitaban que se cumpliera una disposición adicional incluida en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2018 –presentada por la Agrupación Socialista Gomera (ASG)– en la que se acordó consolidar los puestos de trabajo de todos los empleados públicos de Canarias de más de 50 años. Lo que no sabían estos demandantes es que el propio Estado tumbó poco después esta disposición al considerar que iba en contra de la Constitución. De hecho, Canarias y el Gobierno estatal llegaron a un acuerdo para no ejecutar dicha disposición que quedó incluida en las actas de aquella reunión. “Estaban en su derecho”, comenta el secretario provincial del Sindicato de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Levy Cabrera, que tampoco entiende que se haya dado carpetazo a este asunto tan solo bajo el pretexto de que estuviera publicado fuera de plazo.
La Administración solicitará al juez valorar simplemente los argumentos de los demandantes y no estas otras coyunturas. “El juez no entra a valorar ninguna de las razones que se corresponde con lo manifestado por los demandantes”, explicó Domínguez, tras la reunión de la Mesa Sectorial.
Porque, de hecho, es, a la vista del magistrado, un defecto en el plazo de publicación del Decreto 188/2018 –publicado el 31 de diciembre de 2018 en el Boletín Oficial de Canarias (BOC)– lo que anularía todo el proceso. Como explica en la sentencia, por ley, ningún concurso de oposición se hace firme hasta 20 días después de su publicación en el BOC, lo que significa que este proceso adquirió firmeza el 20 de enero de 2019. En este sentido, el TSJC considera que, una vez cambia el año, ya no se puede publicar una plaza correspondiente al anterior.
Otras comunidades lo hacen
La Consejería de Sanidad, sin embargo, alega que las convocatorias se publican a finales de año para garantizar la mayor tasa de reposición y que todas las plazas vacantes se ofertan. Además, al menos otras nueve comunidades autónomas han publicado en los últimos años sus convocatorias de OPE entre el 27 y el 31 de diciembre. Los sindicatos, además, hacen referencia al Estatuto Básico de Empleados Públicos (EBEP) que, en su artículo 70, señala que la ejecución de la oferta de empleo deberá desarrollarse dentro del plazo de tres años. Esta subsanación se interpone ante la misma Sala de lo Contencioso del TSJC de Canarias porque además, no se ha pronunciado sobre la argumentación defendida por la Administración en el proceso judicial emprendido en torno a esta OPE.
En el caso de que esta subsanación sea desestimada, la Consejería de Sanidad ya ha adelantado que estudiará presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Los sindicatos mayoritarios han estado de acuerdo en que este debe ser el siguiente paso a seguir. “Si estos trabajadores no son capaces de llegar a un acuerdo y todo sigue igual, pediremos al TSJC que aclare qué Ofertas públicas están afectadas”, señala el secretario general de la federación de servicios públicos de la UGT, Francisco Bautista, que indica que este decreto también cuenta con plazas de 2016, 2017 y de estabilización. “Se podría salvar hasta el 80% de las plazas, si no están incluidas”, indica el sindicalista.
“Creemos que el decreto cumple tanto la legalidad autonómica como la estatal”, insistió Domínguez, que remarcó que un proceso como este “que pretendía estabilizar a la plantilla”, debe seguir adelante. El principio rector por el que se van a regir las actuaciones de la consejería es el de no repetir ni un examen. Una de las posibilidades que ha planteado UGT es que se mantenga el proceso en marcha. “Se debe continuar el concurso de traslados y proceder a la adjudicación de plazas”, insiste Bautista, que señala que en unos años, cuando el Supremo dictamine quién tiene razón. De esta manera, en caso de que falle en contra de la Administración, se podría acoger a Ley de Procedimientos Administrativos para poder salvaguardar las notas y los puestos de trabajo de los trabajadores que se hayan examinado en esta OPE de 2018, es decir, enfermeros, fisioterapeutas y matronas.
Enfado entre los opositores
Los mayores afectados por esta sentencia son enfermeras, matronas y fisioterapeutas; profesionales que habían realizado ya sus exámenes –el 12 de mayo de 2019–, entregado méritos y algunos incluso estaban pendientes de la adjudicación final de su plaza. La convocatoria a la que concurrieron para obtener 1.280 plazas públicas (1.095 enfermeros, 62 fisioterapeutas y 123 matronas) quedó anulada este lunes, lo que les dejaba sin un aval legal que los ampare. No es la primera vez que estos profesionales encuentran escollos para estabilizar sus puestos de trabajo. Ya ocurrió con la OPE de 2007, que se paralizó durante la crisis para reactivarse en 2015. El proceso de selección de enfermería culminó a finales de 2018. Tan solo cinco meses después –en mayo de 2019– se tuvieron que enfrentar a un nuevo examen de una convocatoria ahora fantasma.
