El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado en una reciente resolución la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2018, que puso en marcha el Gobierno autonómico antes de las elecciones de 2019. Este fallo, que anula el Decreto 188/2018, supone un perjuicio para una gran parte de los trabajadores del Servicio Canario de la Salud (SCS), ya que les revoca la posibilidad de concurrir a las 5.513 plazas que se habían ofertado durante este periodo, pertenecientes a la OPE de 2018 y la oferta adicional, también de ese año.

Sin embargo, esta anulación daña en mayor medida a los enfermeros, fisioterapeutas y matronas que el pasado 12 de mayo de 2019 realizaron la prueba teórica, posteriormente presentaron sus méritos y, en los últimos días, veían cómo su proceso selectivo –después de casi dos años– estaba a punto de culminar. Al haber anulado el Decreto en el que se basa esta OPE, un total de 1.095 enfermeros, 62 fisioterapeutas y 123 matronas que se presentaron a la prueba y que ya habían obtenido una plaza pública se quedan en un limbo legal y están abocados a tener que repetir la prueba. “Ya no hay decreto que justifique sus exámenes”, explica el abogado Gerardo Pérez, quien también ha actuado como defensa de los demandantes del proceso. En total se presentaron 10.265 profesionales, de los que 8.620 eran enfermeros, 1.229 fisioterapeutas y 416 matronas. También queda afectado el concurso de traslados que ya se había acometido en algunas especialidades, de tal forma que, si un especialista se había trasladado del hospital al centro de salud, o viceversa, este debe volver ahora a su puesto anterior.

La razón que justifica este fallo por parte de la justicia no viene dada más que por un defecto en la forma en la que se convocó el proceso ya que estima que se hizo fuera de plazo. Según explica la sentencia, la OPE se convocó para 2018, publicándose el 31 de diciembre de ese mismo año. Por ley, ningún concurso de oposición se hace firme hasta 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Esto significa que este proceso adquiere firmeza el 20 de enero de 2019, por lo que no debería estar ofertando plazas del año anterior. El TSJC insiste en que, una vez cambia el año, ya no se puede publicar una plaza pública correspondiente a un año anterior. El conflicto queda en manos de la Consejería de Sanidad, quien tiene la potestad de o bien recurrir esta sentencia –con la posibilidad de que vuelva a ser fallada en su contra– o de buscar otro cauce legal que permita a los profesionales mantener las plazas que ya se les había otorgado. Por el momento, Sanidad está estudiando el alcance de la sentencia para actuar en consecuencia. No son los únicos, las acciones legales se están planteando también desde los sindicatos.

“Estamos estudiando la sentencia, los alcances y las repercusiones que van a tener los compañeros que ya han pasado el examen”, explica el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de la UGT, Francisco Bautista, que indica que existe una posibilidad de que el propio sindicato pida la anulación de esta sentencia. “Esta sentencia conlleva a más perjuicios que ventajas para aquellos que ya se veían en una plaza”, insiste Bautista. Por su parte, el secretario general del sindicato de enfermería Satse, Leopoldo Cejas, considera que esta sentencia es un “auténtico mazazo” para los trabajadores. “Con todo lo que ha ocurrido a los enfermeros, entiendo la rabia de los compañeros”, insiste. Y es que no es la primera vez que este colectivo encuentra escollos para estabilizar sus puestos de trabajo. Ya ocurrió con la OPE de 2007, que se paralizó durante la crisis para reactivarse en 2015. El proceso de selección de enfermería fue el último que culminó, a finales de 2018.

Los demandantes de este proceso selectivo son los médicos facultativos especialistas de área, aunque no son los que han conformado en la Confluencia de Médicos de Canarias, aunque ellos también consideran que el proceso no se ajusta ni a la normativa estatal ni a a la europea. De hecho, este colectivo -que no tienen que ver con los demandantes- afirman que el proceso estuviera convocado fuera de plazo solo fue uno de los argumentos esgrimidos por los demandantes para recurrir toda la oferta pública de empleo. La Confluencia entiende que, debido a los años en los que han sufrido un “abuso de contratación temporal”, se debería formular una de estabilización del personal canario de manera extraordinaria y restringida. La Confluencia se ampara en la sentencia del 19 de marzo del 2020 del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que concluye que “los procedimientos selectivos sólo podrán ser una solución que compense de forma efectiva y proporcionada a esos trabajadores, si la culminación de dichos procesos pudiera ser de resultado cierto para los que deben ser compensados por el abuso de la temporalidad”. En los últimos meses se había llegado a un acuerdo con la Consejería de Función Pública para realizar unas oposiciones más acordes a las peticiones del colectivo, pues las tensiones habían acabado en la declaración de una huelga indefinida por parte de estos últimos.