El Colectivo Sin Identidad, que agrupa a víctimas de adopciones irregulares y usuarios de la Casa Cuna de Tenerife, demanda que, pasados los años, continúa sin poder acceder a los diferentes archivos de documentos para poder seguir el rastro de las familias biológicas de sus miembros. Así lo asegura la abogada de la entidad, Estefanía Leandro, quien lamenta que para las administraciones las reclamaciones de los llamados “niños robados” y sus familiares “no son una prioridad”.

El objetivo de esta plataforma consiste en que un grupo de investigadores autorizado por los afectados por esta realidad histórica pueda hacer indagaciones en determinados archivos para poder determinar quienes son o dónde están los familiares biológicos de los miembros de Sin Identidad. ¿Dónde radica el problema en muchas ocasiones? En la Ley de Protección de Datos. Y es que, al presentarse ante un centro con documentación útil para la labor, las víctimas ofrecen sus datos personales, que son aquellos que les impusieron en una adopción o al ingresar en la Casa Cuna, pero preguntan por personas con otros apellidos diferentes. Y, en base a esa circunstancia, ya se les deniega cualquier tipo de acceso a la información que requieren. Desde la citada organización de víctimas explican que “los datos falsos no los puso la administración”, por lo que requieren que exista más sensibilidad en estos casos y se facilite el cotejo de datos en los archivos.

Según la mencionada letrada, esta es la realidad que encuentran los afectados, a pesar de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Ley aprobada sobre la materia por el Parlamento de Canarias en el año 2019, “que nos avalan para el acceso”.

Aclara Leandro que el objetivo consiste en efectuar una “estadística fiable” sobre el alcance de este fenómeno y, sobre todo, poder determinar los vínculos biológicos con padres, hijos, hermanos, tíos o abuelos, por ejemplo. Desde Sin Identidad se ha propuesto que el grupo de investigadores del sociólogo Francisco González de Tena haga el proyecto, al considerarlo “un interlocutor válido en este proceso, pues tiene certificaciones académicas suficientes”. No obstante, matiza la abogada, también se plantea convocar un concurso para que otro equipo multidisciplinar pueda abordar ese trabajo.

El colectivo busca aportar todas las “armas posibles” desde el punto de vista administrativo para que las víctimas de esta realidad tengan datos contrastados sobre sus ascendientes o descendientes, así como, si lo consideran oportuno, puedan acudir a denunciar a los juzgados. “Hasta ahora no encontramos una respuesta efectiva” por parte de los responsables de los citados archivos. En el año y medio que ha transcurrido desde la aprobación de la Ley Canaria han fallecido 21 personas afectadas por esta realidad y que no pudieron dar sus testimonios vitales, recuerda la letrada. Según Leandro, “no se busca a ningún culpable, sino conocer la verdad sobre su familia biológica, ya que se trata de personas que no saben quiénes son en realidad”.