El Gobierno de Pedro Sánchez vivió ayer uno de los días más difíciles en relación con la crisis migratoria en Canarias. La sensación de que cada día está más lejos de poder dar una respuesta eficaz a la situación se apodera a toda velocidad en el ambiente político de Madrid y en el Congreso de los Diputados, y se hace más evidente la descoordinación entre ministerios sobre la actuación gubernamental en el Archipiélago. La propia dinámica interna del Ejecutivo deja al descubierto no ya solo la ausencia de medidas conjuntas y planificadas entre los distintos departamentos implicados, sino incluso una guerra abierta por echarse las culpas y responsabilizar a otros de los errores y del colapso de la situación en las Islas.
De hecho, esa descoordinación gubernamental es la que está alimentando las refriegas internas entre los responsables de los distintos aspectos de la gestión migratoria, donde cada vez es más patente el enfrentamiento más o menos soterrado entre el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con la ministras de Defensa, Margarita Robles, y de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, como colaboradoras necesarias en el caos en que se ha convertido la política migratoria del Ejecutivo. Mientras Marlaska intenta por todos los medios desentenderse de todo lo que vaya más allá de la gestión durante las primeras 72 horas de estancia de los migrantes llegados a las costas canarias, derivando hacia Escrivá la responsabilidad de la atención posterior, el titular de Migraciones reclama traslados regulares a la Península, que Interior rechaza, y espacios e instalaciones de acogida durante el tiempo que los migrantes pasen en territorio canario.
El problema de fondo de esta situación se encuentra en el ausencia de una figura u órgano de coordinación, que en teoría ha asumido la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, pero que de facto no está ejerciendo de forma transparente y efectiva, según reconocen distintas fuentes gubernamentales y consideran la mayoría de las fuerzas políticas en el Congreso. Aunque en las últimas semanas Calvo ha tratado, en reuniones en La Moncloa, poner orden en la política migratoria y coordinar las medidas, la distinta visión de cada ministerio sobre cómo gestionar la situación en Canarias dificulta la labor e imposibilita una política consistente.
Es un hecho que el Gobierno no contaba con la actual cifra de llegada de migrantes desde África y que se está viendo desbordado por la situación del muelle de Arguineguín, y por el impacto que está teniendo entre la población canaria y en la opinión pública española. El Ejecutivo trata a la desesperada de dar respuesta puntual a la emergencia del día a día, pero no logra diseñar un plan de respuesta efectivo pese al intento realizado por la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, viernes en las Islas.
Un ejemplo de esta guerra abierta entre ministerios y del desajuste en cuanto a la actuación concreta es el episodio del martes con el desalojo de 227 personas de las instalaciones del muelle de Arguineguín sin comida ni cobijo hasta que fueron ubicados en un centro turístico e Interior ordenó, ya en el día de ayer, iniciar los traslados a Barranco Seco. Marlaska dio ayer al respecto explicaciones contradictorias y ha terminado por anunciar una investigación sobre el origen de esa orden de desalojo, que evidentemente parte de su departamento. La situación fue muy comentada en los pasillos del Congreso durante el pleno, alimentando todo tipo de comentarios sobre lo “desarbolado” que está el Ejecutivo en general y Marlaska en particular, que se ve acorralado tanto por parte de la oposición, como por la mayoría de los responsables políticos en Canarias, y sobre el que se multiplican las peticiones de dimisión.
“Puerta de entrada”
Marlaska, sin embargo, además de rechazar cualquier escenario de dimisión, se considera plenamente respaldado por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y asegura que no se siente tampoco cuestionado por sus compañeros del Consejo de Ministros, incluidos los del socio gubernamental, Unidas Podemos. Cree que su oposición a las derivaciones de migrantes desde Canarias a la Península tiene el respaldo de la mayoría de los ministros –todos salvo Escrivá– y del propio Sánchez, y defiende su teoría de que esos traslados masivos convertirían a Canarias es una “permanente puerta de entrada de migrantes desde las costas africanas”, según señala a sus compañeros. Marlaska considera en este sentido que una normalización de las derivaciones a la Península constituye un verdadero “efecto llamada” y apuesta por pequeños traslados realizados sin publicidad, confiando en que con la llegada del invierno se reduzca el número de llegadas y que con un mayor número de repatriaciones a los países de origen puede desatascar la situación en el Archipiélago.
También creen en Interior que, por las mismas razones, la propia Unión Europea es contraria a esta estrategia y que no hay ninguna posibilidad de plantear por ahora un reparto de migrantes entre los países miembros. Otras cosa es implicar a las instituciones europeas en el control de fronteras marítimas y en la cooperación con los países de origen para frenar allí las salidas. Marlarska quiere trabajar más intensamente en este sentido y con ese fin ha realizado ya varios viajes al continente vecino y lo hará el próximo viernes de nuevo a Marruecos.
El ministro considera que la actual presión migratoria sobre Canarias no es comparable a la de la crisis de los cayucos de 2006 porque ahora está muy concentrada en los meses posteriores al verano (desde el 15 de octubre se ha duplicado respecto a los meses anteriores) y porque está provocada por los efectos económicos y sociales de la pandemia sanitaria en los países de origen. También todo lo que tiene que ver con la propia gestión del control de fronteras, cooperación y atención a los migrantes tras su llegada en este caso a Canarias está muy condicionado por la crisis sanitaria tanto en España como en los países de origen.
Desde el Gobierno se reconoce que Calvo no logra una coordinación efectiva
En su intervención ayer en el Congreso durante la sesión de control destacó en este sentido que desde el principio de su estancia en el Ministerio “hemos incrementado e implementado los trabajos de carácter operativo, incrementando los equipos conjuntos de investigación, con más policías más guardias civiles países como Mauritania, Gambia o Senegal, y más intercambio de información con Marruecos para la desarticulación” de las redes mafiosas de la inmigración ilegal.
“Vemos los que llegan, pero no vemos los que hemos evitado que lleguen a través de la desarticulación de las mafias. Un trabajo complejo que seguimos haciendo”, recalcó.
Desde el entorno del ministro señalan que él “entiende” el enfado que pueda haber en Canarias por la situación que se está viviendo, pero que la respuesta que debe darse desde el Gobierno “es compleja” y que, pese a las críticas al respecto, se está trabajando “en todos los frentes” para revertirla.
“En Canarias se tiene muy presente la crisis migratoria de 2006 y ahora la población y las instituciones están mucho más sensibilizadas por la propia crisis económica de las Islas, pero la pandemia está condicionando todo lo que se puede hacer”, señalan en el ministerio. Las posiciones críticas con el Ejecutivo, sin embargo, resaltan en este sentido que en 2006, también con un Gobierno socialista (el presidido por Rodríguez Zapatero) se activó todo un programa de actuación en los países de origen, con dinero a sus gobiernos para que controlaran sus propias fronteras, cooperación policial con patrullas conjuntas en las costas y en el mar, más implicación de la UE a través del despliegue de Frontex, y una coordinación desde el Ejecutivo a través de la figura de la entonces vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. Todo ello susceptible de poder repetirse pese a la crisis sanitaria y que el actual Gobierno no está haciendo.
