"Cuando te prometen la luna, intuyes que te la pueden dar o no". Que la Consejería de Educación del Gobierno Canarias haya incumplido su promesa de sufragar el coste de segundas y sucesivas matrículas para el alumnado ha ocurrido, a ojos del Consejo de Estudiantes, únicamente por falta de fondos. El órgano de representación considera que la promesa que se realizó en abril era desorbitada e inviable desde que se planteó dado el enrome desembolso económico que implicaba para la comunidad autónoma. "Presupuestariamente era una locura", afirma Zuleyma González, secretaria del Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Laguna (ULL) que estuvo desde el primer momento en las reuniones en las que la Consejería de Educación, junto a las universidades, se comprometió a congelar los precios con vistas a paliar los posibles contingencias suscitadas por el confinamiento y la consecuente docencia "improvisada".

Cuando en abril se les presentó a los Consejos de Estudiantes -de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la ULL- el documento de compromiso entre las universidades y la Consejería de Educación, se quedaron "extrañados" ante las propuestas de la Administración dado que "requerían mucho dinero", como explica Moisés Rodríguez, portavoz del Consejo de Estudiantes de la ULL. Tras ello, los miembros del órgano de representación estudiantil acudieron a varias reuniones con el aquel entonces director general de Universidades, Antonio Aparicio.

En cada una de ellas veían más lejana la posibilidad de que esa bonificación se hiciera realidad en septiembre. "En la última reunión que tuvimos con él, nos comentó que se estaba complicando la cosa", explica Moisés Rodríguez. Poco tiempo después cambió el equipo de Gobierno en la Consejería de Educación y los estudiantes creían "que las negociaciones estaban en stand by, pero luego nos dimos cuenta de que no había nada que negociar". "Veíamos que no querían hablar del tema cuando íbamos a las reuniones", explicó Zuleyma González. "Estamos bastante decepcionados, porque al final nos han vendido vacío", destacó Moisés Rodríguez.

Conocedores de las dificultades para llevar a cabo esta promesa, los Consejos de Estudiantes de la ULPGC y la ULL pusieron en marcha a finales de mayo una campaña conjunta por redes sociales advirtiendo a los estudiantes de que esos compromisos estaban lejos de cumplirse. Al mismo tiempo presionaron a la Administración para que hicieran un esfuerzo para no poner contra las cuerdas "el futuro de cientos estudiantes". Bajo el hashtag #ColaboraEduCan, explicaron que en una reunión del 19 de mayo, tan solo un mes después de haberlo prometido públicamente, "se retiró la posibilidad de bonificación de segundas y sucesivas matrículas".

Se sufraga con becas

La Consejería de Educación, por su parte, afirma que a tenor de que el porcentaje de aprobados fue este curso similar al de otros años, prefiere tomar una medida que beneficie únicamente a aquellos que lo necesiten y no a todo el estudiantado por igual. Por esta razón, alegó que las necesidades económicas del alumnado se van a sufragar a través de las becas, con las que pretenden llegar a más estudiantes este año. Sin embargo, aún desconoce a cuántos de ellos más podrá alcanzar este año y tampoco sabe qué concesiones hará más allá de la ampliación de los umbrales de renta. Esos indicadores se conocerán tras la publicación del Decreto de Becas la próxima semana, como adelantó el director general de Universidades, Manuel Ramírez.

La Asamblea también hace autocrítica sobre cómo han ejercido su labor los últimos meses pues es consciente que, a pesar de haber lanzado la campaña de difusión en mayo, muchos estudiantes de la Universidad de La Laguna no se dieron por enterados, lo que provocó el revuelo actual. "Nuestro órgano se constituyó en febrero, luego empezó el confinamiento, y a partir de ahí no hemos conseguido una capacidad de difusión", afirmó Rodríguez. Para él, este ha sido el principal obstáculo para que el mensaje calara en los estudiantes de la ULL, pues no se ha generado la misma polémica en la ULPGC, donde su consejo estudiantil está funcionando desde hace años. Sin embargo, también admiten haberse encontrado con problemas a la hora de la difusión, dado que por la ley de protección de datos no podían acceder a los correos de toda la comunidad universitaria y les fue imposible mandar el mensaje de manera masiva.

La Consejería de Educación había prometido además, exonerar a los alumnos de devolver las becas universitarias del curso anterior cuando no se cumplieran los requisitos así como disminuir la ponderación de los requisitos académicos en la convocatoria de becas. En este sentido, y a ojos de Rodríguez, también ha habido una desidia por parte de la Administración para eximir a los alumno de la devolución de la beca. Según el representante del alumnado, finalmente no se ha cumplido y los estudiantes se han visto obligados a devolver sus becas, a pesar de que, según Rodríguez, "no costaba nada". A tenor de estas circunstancias, el representante de los estudiantes critica no haber "visto un verdadero esfuerzo por parte de la Consejería de Educación" e insiste en que "si hay voluntad política, se podría haber llevado a cabo".

Hoy se ha convocado una reunión extraordinaria urgente entre Ramírez y los Consejos de Estudiantes de ambas islas aunque, según confirmaron, desconocían a día de ayer el contenido de la misma. "Suponemos que debatiremos sobre este tema", explicó Zuleyma González. Las palabras de la secretaria son ratificadas por el portavoz de la plataforma que afirmó esperar "que la reunión salga bien y podamos encontrar el consenso".