La atención a la dependencia debe incluir una coordinación "efectiva" con el Sistema Nacional de Salud para garantizar los derechos de los ancianos, según las patronales de las residencias, que reclaman que sean atendidos por los médicos del centro de salud y del hospital de referencia. "Se nos olvidaron los mayores", denuncian.
El sistema social y el sanitario deben trabajar juntos porque son la "parte integral" en la atención a una persona, argumenta Pilar Ramos, vicepresidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), patronal mayoritaria en el sector de la dependencia.
La coordinación sociosanitaria implica, a su juicio, que estos centros puedan ser "agentes" dentro del sistema sanitario: "Nuestros mayores son usuarios del Sistema Nacional de Salud y lo único que queremos es que sean parte activa, que se les atienda", reclama.
CEAPs, que representa a más de 1.800 empresas con alrededor de 200.000 plazas y 90.000 trabajadores, considera que la primera lección que la sociedad y los poderes públicos deben aprender de la crisis de la COVID es que los mayores de residencias no deben ver vulnerado su derecho a recibir las mismas coberturas de la sanidad pública que el resto de la población.
Ese derecho, según denuncian, no se ha garantizado durante los peores momentos de la pandemia.
"No hemos podido trasladar a los mayores a los hospitales", lamenta Ramos, presidenta también de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE), que ha podido conocer de primera mano la situación "extrema" de las residencias madrileñas.
Aunque no hubiera una orden expresa, cuenta, el perfil que se describía para evitar traslados era el de los mayores, "pero no el de los mayores en general, sino el de los mayores de residencias".
Según defiende la patronal de la dependencia, el futuro del sector pasa por integrarse en los servicios de la Atención Primaria.
Para los ancianos, apuntan, la residencia "es su casa", por lo que tienen el mismo derecho que el resto de pacientes a ser atendidos tanto en un centro de salud como en el hospital.
Competencias básicas
El Círculo Empresarial de Atención a las Personas considera que el médico privado que exige la legislación actual según las dimensiones de cada centro debería ser solo una opción, al tratarse de un profesional que no puede recetar ni tiene potestad para derivar pacientes a los hospitales. Carece de competencias básicas en la atención sanitaria, explica Pilar Ramos, y su presencia encarece el coste de la plaza.
La patronal recuerda que la legislación considera a las residencias como establecimientos de servicios sociales donde el ingreso del mayor se debe a su situación de dependencia, no a una enfermedad.
"No somos hospitales, no somos centros sanitarios", claman sus responsables, que inciden en que la normativa, incluso, les impide tener enfermos infectocontagiosos. Reivindican su misión cuidadora.
A la pregunta de cómo garantizar que se pueda atender en un centro de salud a un número tan elevado de pacientes, Ramos no tiene dudas: "Tenemos que cambiar las plantillas de los médicos. Si dentro de su cupo hay una residencia, tiene que acudir, porque el residente está empadronado allí; debe ir como si el centro fuera un bloque de cien pisos con sus correspondientes inquilinos. ¿Eso significa más coste? Claro que sí".
