La tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue del 34,6 asuntos por cada 1.000 habitantes en el transcurso del primer trimestre del presente año. Las comunidades que mostraron un volumen más alto son Canarias (37,5), Andalucía (32,8), Asturias (30,9), Cantabria (30,8), Murcia (30,7), Comunidad Valenciana (30,5) y Cataluña (30,4). Las regiones con menor tasa de litigiosidad fueron La Rioja (21), País Vasco (22,8) y Navarra (23,1).
El efecto de la crisis sanitaria causada por el Covid-19 se ha hecho notar en la actividad de los órganos judiciales durante el primer trimestre del presente ejercicio. Aunque el Real Decreto por el que se declaraba el estado de alarma es del 14 de marzo y solo afectó a 18 días de los 91 de los que consta dicho período, en el conjunto de los juzgados españoles se han observado importantes disminuciones del ingreso y resolución de asuntos e incrementos en el número de los que quedaron en trámite al final del trimestre.
Los mencionados datos están recogidos en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales en la primera parte del año, que fue difundido ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Entre enero y marzo, tuvieron entrada en el conjunto de los juzgados un total de 1.415.420 asuntos. Esta cifra supone una disminución interanual del 12,8 por ciento. En el mismo periodo, los tribunales españoles resolvieron 1.398.005 asuntos, 12,3 por ciento menos que en el mismo trimestre del 2019. Un total de 2.858.036 asuntos quedaron en trámite al final del trimestre, lo que supone un incremento del 7,9 por ciento, respecto a los tres primeros meses del pasado ejercicio.
En la Jurisdicción Civil ingresaron 543,144 asuntos, con una disminución interanual del 15,7 por ciento. En esta jurisdicción se resolvieron 541.330 asuntos, un 8,8 por ciento menos, y quedaron en trámite 1.566.490, un 6,2 por ciento más que al final del primer trimestre de 2019.
De los asuntos pendientes, 234.053 corresponden a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física en los juzgados de primera instancia, según explicó el CGPJ.
En el ámbito de la jurisdicción Penal tuvieron entrada 718.869 asuntos, con una disminución del 10,7 por ciento. Fueron resueltos 713.330 casos, un 13,6 por ciento menos, y quedaron en trámite 752.500, en base a la información divulgada por parte del órgano de gobierno de los jueces y magistrados.
En cuanto a la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron 50.193 nuevos asuntos, con una disminución interanual del 22,6 por ciento. Fueron resueltos más de 49.400 procedimientos, un 24 por ciento menos que en el mismo periodo del 2019, mientras que quedaron en trámite otros 213.104.
En el informe divulgado por el Consejo General del Poder Judicial, en el ámbito de la jurisdicción Social se contabilizaron 103.180 nuevos asuntos, un 5,5 menos que en el primer trimestre del pasado ejercicio. Fueron resueltos 93.900 casos, un 14,2 por ciento menos, y quedaron en trámite otros 325.871.
