La atención a la dependencia sigue siendo el área más preocupante para la Diputación del Común, que detectó casos como la demora de nueve años en tramitar un expediente y cómo Canarias continúa teniendo los peores datos de España ya que el gasto por habitante es menos de la mitad de la media estatal.
El titular de este organismo, Rafael Yanes, que ayer entregó al presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, la memoria de gestión correspondiente a 2019, explicó que la dependencia sigue siendo el área que más preocupación suscita a los ciudadanos y, por lo tanto a la institución, pese a que hay datos como que ha aumentado en un 8% el número de personas atendidas y en un 7% el gasto por habitante. "A pesar de este incremento seguimos teniendo los peores datos de España ya que mientras el gasto medio es de 149,92 euros por habitante, en Canarias es de 64,65, menos de la mitad", puntualizó.
Además, el Diputado del Común explicó que se ha encontrado casos "inadmisibles", como el de una mujer a la que tras solicitar el reconocimiento de la dependencia se le atribuyó un grado 3, de gran dependencia y posteriormente se admitió su derecho a un plan individual de atención y, sin embargo, a fecha de hoy, nueve años después, no lo tiene aprobado, cuando la ley habla de un plazo de seis meses, se lamentó Yanes. En concreto, las quejas recibidas por el Diputado del Común en materia dependencia aumentaron en un 26,5%, en discapacidad en un 71% y en un 80% en servicios sociales.
Quejas en materia de igualdad
Además, se incrementaron en un 96% las quejas referentes al área de mayores, principalmente por falta de plazas sociosanitarias y por el deficiente funcionamiento de algunos geriátricos, de tal manera que la Diputación del Común decidió abrir una actuación de oficio con visitas no anunciadas a centros de mayores para, en su momento, presentar un informe extraordinario sobre esta cuestión al Parlamento regional.
En el área de igualdad, Yanes explicó que crecieron en un 1.050% el número de expedientes tramitados desde agosto de 2018 hasta diciembre del año pasado, con un 83% de resultados a favor de los ciudadanos demandantes. A su vez, se incrementaron en un 116% las quejas recibidas por el área de tecnología de la información, una nueva sección en la Diputación del Común con la que se pretende consolidar el derecho de la ciudadanía a internet y que esta institución "va a defender en todos los rincones", aseguró Yanes. Finalmente, subieron un 155% las quejas recibidas en el área de vivienda, en su mayor parte relacionadas con procedimientos de desahucio.
Todos estos incrementos que se experimentaron el año pasado supusieron a su vez un aumento en un 20% del número de personas que recurrieron a la Diputación del Común, con 4.037 expedientes, una cantidad que, según Yanes, demuestra que la administración pública "cada vez es más cumplidora con la obligación de informar" a esta institución que depende del Parlamento de Canarias. Como ejemplo, Yanes citó que mientras en 2018 la Diputación realizó 89 advertencias a la administración por el incumplimiento de plazos legales, esta cifra fue de 69 el año pasado, un 25% menos. Además, en 2018 el Diputado del Común emitió tres declaraciones por obstruccionismo a otras tantas administraciones públicas, lo que no fue necesario realizar el año pasado, lo que a juicio de Yanes supone una mejora de todas las instituciones.
Según la memoria del año pasado, el 65% de las gestiones realizadas por este organismo tuvieron un resultado favorable para los reclamantes, sin contar en esta cifra los expedientes que no fueron admitidos ni los que se trasladaron al Defensor del Pueblo. Como resultado de su gestión las administraciones tuvieron que devolver además a los ciudadanos 108.293 euros en su conjunto, una cantidad que no se había reconocido a los reclamantes hasta la intervención del Diputado del Común.
Denuncias de oficio
Asimismo, Yanes informó de que se abrieron 84 actuaciones de oficio, es decir, sin esperar a recibir la queja de los ciudadanos. Una de ellas es la referente a la seguridad en las playas canarias, donde el año pasado murieron ahogadas 57 personas. En agosto de 2019 se aprobó un decreto que obliga a los ayuntamientos a contar con un plan de seguridad en este ámbito pero, tal y como lamentó Yanes, sólo 22 contestaron a la Diputación del Común que lo tenían aprobado.
Otra actuación de oficio que se realizó fue la referente al incumplimiento del propósito de la ley autonómica de Educación, que estipula que cada año debe aumentar el presupuesto de esta área hasta conseguir el 5% del PIB en 2022. Otro asunto referente al mismo área es que no se permita el cambio de libros de texto con frecuencia, pues hay unos 300 niños con discapacidad visual que necesitan los libros en braille y no hay tiempo suficiente para su adaptación. Asimismo, la Diputación del Común investiga que se cumplan las normas de accesibilidad en los municipios, pues únicamente 20 han aprobado planes en esta materia.
Yanes se congratuló además de que la Diputación del Común "cada día sea más conocida" y dijo como ejemplo que en Tenerife y Gran Canaria se presentan una media de ocho quejas por cada 10.000 habitantes, en el resto de islas esta cifra llega a las nueve quejas y en La Palma, donde tiene su sede oficial, aumenta hasta las 41, un signo "de que los palmeros ven a la institución como algo propio y cercano".
