La Consejería de Políticas Sociales del Gobierno canario respondió ayer a la Diputación del Común, después de que este organismo pidiera una investigación para conocer por qué algunas ongs destinadas a trabajar con mujeres no accedieron a las subvenciones procedentes del apartado del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El Ejecutivo autónomo aclaró que "para el reparto de los fondos se utilizan criterios objetivos que se pactaron y se comunicaron a las organizaciones con el fin de que se repartieran de forma más equilibrada y justa". Además, se asegura que decenas de ongs del Archipiélago presentaron propuestas por un valor total de 20 millones de euros, mientras que el dinero disponible para distribuir ascendía a 7,7 millones.
Ante las críticas de la Diputación del Común, la Consejería señala que en la convocatoria del pasado año no había línea específica para proyectos de Igualdad. Tras las protestas generadas una vez que se resolvió la distribución de recursos, el área de Asuntos Sociales, dirigida entonces por Cristina Valido, decidió otorgar ayudas directas por valor de 430.000 euros a siete entidades. Y el nuevo Ejecutivo autónomo, que entró en agosto pasado, decidió incluir una línea de ayudas en esa convocatoria de 502.000 euros para iniciativas de Igualdad.
La Diputación del Común acordó investigar la exclusión de asociaciones de mujeres de las subvenciones del Gobierno de Canarias, tras recibir numerosas quejas por parte de diversas agrupaciones. Las ayudas estaban destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF, en el ámbito de la comunidad autónoma de Canarias, según la citada institución.
En la convocatoria del presente ejercicio se han excluido de las subvenciones a las pequeñas y medianas asociaciones de mujeres en riesgo de vulnerabilidad y sus hijos menores, como los colectivos Mararía, A tí mujer, Gara, Mercedes Machado y la Federación Arena y Laurisilva, añade el organismo dependiente del Parlamento, que dirige Rafael Yanes.
También se han excluido a asociaciones como las de Familias Monoparentales de Canarias (Afamocan), la Asociación Corazón y Vida, la de Cáncer de Mama de Tenerife (Ámate), la de Ayuda a personas dependientes (Apedeca), y asociaciones como la de niños con cáncer Pequeño Valiente de Gran Canaria y Tenerife, entre otras.
La Diputación del Común asegura que las asociaciones afectadas le han expresado su descontento y han denunciado que se produce "una discriminación" en la aplicación de algunos aspectos del baremo de este subsidio, que las desplaza directamente frente a grandes entidades u ong que operan en todo el territorio nacional y que tienen mayor capacidad financiera.
Portavoces de varias de estas ong medianas y pequeñas de ámbito local recuerdan que no buscan que se reduzcan los fondos que se aportan a grandes corporaciones, como Cáritas o Cruz Roja Española, sino que, por el contrario, se habilite un mayor prespuesto para la concesión de estas ayudas y, de forma paralela, se desarrollen convocatorias diferentes. Además, los representantes de las asociaciones afectadas por la actual situación recuerdan que, con independencia de la prioridad del Covid-19, sus usuarios siguen necesitando apoyo.
