El sistema de videoconferencia en la Administración de Justicia supone un avance considerable, mediante el que víctimas, testigos o peritos, entre otros, pueden prestar declaración desde su lugar de trabajo o residencia, sin tener que recorrer grandes distancias o perder más tiempo que el imprescindible para testificar en un juicio. Puede ser una hora o cinco minutos. No es raro que un ciudadano interponga una denuncia cuando reside en el Archipiélago, pero en el momento de la vista ya viva en la Península o en Baleares, por ejemplo. Si no funciona la videoconferencia se le genera un perjuicio considerable desde varios puntos de vista, ya que deberá coger un avión para desplazarse a la isla, así como pagar su alojamiento o los gastos de alimentación, por ejemplo.

Todo son ventajas, si el funcionamiento de dicho equipo es correcto. Pero no siempre es así. Funcionarios de los juzgados, jueces o fiscales lamentan que en Canarias, con más frecuencia de la deseada, surgen problemas de conexión o de sonido que dificultan el normal desarrollo de una sesión o de varias. No es extraño que un juicio se retrase varias horas o llegue a suspenderse por fallos en esta herramienta. Un ciudadano consultado explicó que su juicio se ha pospuesto ya tres veces por fallos en el enlace de la videoconferencia.

Unas veces, el obstáculo se salva en pocos minutos, después del ya clásico diálogo: "¿Se oye? ¡No se oye! A ver, acérquese más el micrófono", así como la actuación del funcionario de turno. Pero, en otras, no resulta tan sencillo y se tiene que posponer la vista. En el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife hace años que los fallos de sonido o conexión han generado retrasos considerables en juicios por delitos graves. Cuando no es posible la comunicación por este sistema tecnológico, el guión de la vista se modifica o se retrasa hasta que la persona pueda estar presente en la sala.

Un magistrado de la Audiencia Provincial reconoce que las deficiencias "son frecuentes" y las mismas generan "disfunciones y, en ocasiones, suspensiones de juicios". Explica que "depende de las salas" de vistas y "hay rachas". Esta autoridad judicial apunta que estas incidencias, que pueden ser más o menos graves, se ponen en conocimiento de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y es a esta a quien corresponde buscar la solución". Para el Gobierno de Canarias esta demanda no ha caído en saco roto, al menos en teoría. De hecho, fuentes sindicales y de la Consejería de Justicia, cuyo máximo responsable es Julio Pérez, recuerdan que en los presupuestos generales de la Comunidad para este año existe una partida de 2.000.000 de euros para afrontar la modernización de equipos. En esa asignación general se contempla, supuestamente, la renovación de parte de los sistemas de videoconferencia, así como de grabación, que resultan fundamentales en los juicios actuales. Ese dinero irá destinado a procesos de licitación de servicios.

Un funcionario de los juzgados de Arrecife, en Lanzarote, Alberto Pérez Carreira, representante de UGT-Justicia, señala que, por su experiencia, "muchas veces, los problemas surgen en las conexiones con los sistemas de aquellas comunidades autónomas que todavía no tienen transferidas las competencias en Justicia y dependen del Ministerio". Es decir, que hay incompatibilidad en las conexiones. Lamenta que "nadie se atreve a implantar la homologación de los diferentes sistemas de trabajo" entre las diversas zonas.

Otro problema es que en algunas islas el servicio técnico se presta por teléfono y, en el mejor de los casos, hay que aplicar una conexión remota. Según el citado trabajador, esta circunstancia contribuye a obstaculizar un poco más la actividad de esta administración, en la medida en que no todos los empleados públicos están familiarizados con algunos equipos. Pérez Carreira explica que en la capital lanzaroteña la situación del sistema de grabación, por ejemplo, ha mejorado de forma considerable en los últimos tres años. Hasta enero de 2017, ese proceso todavía se hacía con cintas VHS. Aclara que, con frecuencia, a las islas no capitalinas llegan aquellos equipos que se retiran de Gran Canaria o Tenerife.