El Gobierno da el plazo de un mes al Ejecutivo de la Región de Murcia para que proceda a la retirada de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principios de curso donde permitía el pin parental, la posibilidad de veto de los padres a la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en horario lectivo, que debían ser notificadas previamente a las familias.
Así lo precisó ayer la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, durante un acto de los socialistas vascos en Llodio (Álava). Según Celaá, su Ministerio formalizará un recurso por la vía contencioso-administrativa dentro de un mes si no obtiene respuesta del Gobierno regional de PP y Ciudadanos al requerimiento remitido el viernes pasado, aunque descarta intervenir la autonomía murciana por este asunto.
Celaá aseguró que el Gobierno "no" está barajando esta opción. "Vamos a ir viendo", afirmó, para recordar a continuación que lo que hace el Ejecutivo es enviar un requerimiento al Gobierno de Murcia con el fin de que "reponga la legalidad y restaure un sistema educativo normalizado".
"No queremos ir a los tribunales", manifestó Celaá, quien apela a la "sensatez y la moderación". Durante su participación en el acto de Llodio, Celaá recordó que fue el Partido Popular el que, a través de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) -también conocida como Ley Wert- "retiró" a los padres y madres la "capacidad decisoria" que, a través de su presencia en los consejos escolares, tenían sobre las actividades y programas de sus hijos.
Por su parte, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ironizó ayer con la posibilidad de aplicar el artículo 155 para impedir que se implante el pin parental que Vox y el PP quieren introducir en Murcia.
En una entrevista concedida a la Cadena SER, Rosell llegó a plantear la posibilidad de que falle el diálogo político en el asunto del pin parental: "Sería el camino similar al de Cataluña, ¿no?, la actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico por parte de quien nos ha machacado y ganado las elecciones en determinados sitios, probablemente con su discurso antidiversidad y anticatalanista". Además, Rosell añadió: "En esas paradojas nos movemos cuando la gente se queda con el discurso de brocha gorda".
