Unas 5.000 familias con menores a cargo y sin ingresos ya pueden volver a solicitar la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Desde el pasado 1 de enero la legislación autonómica cambia y las unidades de convivencia que la habían cobrado entre 2017 y 2019 tienen la posibilidad de pedirla de nuevo. El motivo es que antes había un límite de 24 meses para recibirla y ahora se mantiene el derecho mientras se demuestre la precaria situación socioeconómica.
La previsión es pasar de los actuales 11.000 beneficiarios individuales a casi 15.000, además de acercarse a las 10.000 familias desde las 6.454 que a día de hoy reciben la PCI. Asimismo el cálculo apunta a que unas 5.000 unidades familiares iniciarán de nuevo la tramitación para cobrarla. Además de quienes agotaron la prestación la vuelvan a pedir, están aquellas personas que la solicitan por primera vez.
Desde el pasado 1 de enero hasta el próximo 31 de marzo tienen de plazo las familias con dos hijos o más a cargo y, a partir del 1 de abril, el resto. Desde la Consejería recalcan que la PCI se solicita en el ayuntamiento del municipio de residencia.
2020: año de cambios
2020 comienza, por lo tanto, con importantes cambios en la Prestación Canaria de Inserción. Hasta ahora, esta ayuda básica no podía cobrarse más de 24 meses. Los cambios introducidos a través de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de este año, que destina más de 80 millones de euros para la PCI y la renta ciudadana, permitirán que las familias con menores a cargo puedan volver a pedir esta prestación.
En concreto podrán acceder de nuevo a la PCI las familias que estén en situación de vulnerabilidad, no tengan derecho a otra prestación (paro, subsidio o pensión) y dejaron de cobrarla en algún momento entre 2007 y 2019.
La Dirección General de Derechos Sociales ha destinado este año 8,7 millones de euros -un incremento de cerca de dos respecto a 2019- para que los ayuntamientos refuercen sus plantillas y puedan mejorar la atención al ciudadano, sobre todo en este ámbito social. Además, se implementa un plan de choque para aumentar la plantilla que se ocupa de la tramitación de los expedientes de peticiones de la PCI.
Fuentes de la Consejería de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Juventud aseguran que "los convenios plurianuales con los consistorios van a permitir que desde este mismo mes ya puedan contratar a más personal para tramitar la prestación en concreto".
Para el ejercicio 2020 el importe de la cuantía básica mensual será de 486,90 euros. Los complementos variables por cada mes corresponderán a las siguientes cantidades, en función de los miembros que formen la unidad de convivencia y acepten participar en los programas específicos de actividades de inserción: 64,06 euros (2 miembros); 115,32 (3 miembros); 147,36 euros (4); 172,98 euros (5 miembros) y 192,2 euros (6 miembros).
Desde la Consejería insisten en que para obtener más información se puede contactar con el 012, acudir a su ayuntamiento o entrar en la web www.gobiernodecanarias.org/derechossociales.
