Al menos 168 docentes sufrieron casos de acoso o agresión el curso pasado en el ejercicio de sus funciones, 21 más que en el anterior, cuando se contabilizaron 147, según los datos de la Memoria de Defensor del Profesor 2018-2019, el servicio de asesoramiento jurídico y psicológico al profesorado agredido que ofrece ANPE Canarias. Del total de casos registrados, 81 tuvieron lugar en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 87 en la de Las Palmas.

El sindicato con más representación en la enseñanza pública docente no universitaria de las Islas advierte de "este preocupante repunte" de casos de violencia. El informe alerta de que han tenido especial protagonismo las conductas agresivas a través de las redes sociales -ciberacoso- y las denuncias infundadas, acusaciones falsas a profesores protagonizadas por familiares.

Entre los problemas relacionados con progenitores, el sindicato destaca el aumento de agresiones de estos u otros familiares (4 casos frente a 2 del curso anterior), de acosos y amenazas (7 frente a 5) y las denuncias de los padres (26 por 13). Se detectaron al menos once situaciones en las que los docentes fueron presionados para modificar las notas de los alumnos.

El documento recoge datos desglosados por tipología de centro y nivel de enseñanza. Así, 146 casos tuvieron lugar en centros públicos, 11 en concertados y ninguno en los privados -en el resto de casos, 11, los docentes prefirieron no aportar datos-. Por etapas educativas, 21 se registraron en Infantil, 50 en Primaria, 60 en Secundaria, 26 en Formación Profesional Básica y 3 en ciclos formativos. Las Escuelas Oficiales de Idiomas y las Enseñanzas para Adultos no contabilizaron ninguno.

El Defensor del Profesor es un recurso de atención inmediata y gratuita que ofrece ANPE. En Canarias se implantó en 2008 -a nivel estatal en 2005- y en estos once años se ha asesorado y acompañado en 1.464 situaciones de violencia. En todo el país, el Defensor del Profesor ha asistido a casi 37.000 profesionales durante su recorrido histórico. La Consejería de Educación ha mostrado interés por incorporar la figura de manera oficial.

El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, subraya: "Nos preocupa que no seamos capaces de rebajar el volumen de casos. Las situaciones de conflictividad en las aulas están lejos de erradicarse". Recuerda que el Gobierno autonómico anterior incluyó el asesoramiento jurídico y psicológico a docentes, en respuesta a una demanda histórica, pero abandonó el poder sin hacer realidad la promesa. "Instamos al nuevo equipo a hacer suyo el borrador de orden trabajado", concluye Crespo.

La presidenta de ANPE Las Palmas, María Perera, valora las sentencias que ha ido ganando el sindicato. El Defensor en Las Palmas, Bernardo Huerga, añade, como dato significativo, el efecto que está teniendo el déficit de orientadores en las aulas de Primaria. Por su parte, su homónimo en Santa Cruz de Tenerife, Domingo Rodríguez, pone el foco en el volumen de denuncias infundadas y su efecto en el clima escolar.

"Ni un paso atrás"

El Consejo Autonómico de ANPE advierte a la Consejería de Educación que "no dará ni un paso atrás" en los logros sindicales cosechados en los últimos años. El máximo órgano de participación del sindicato, con la presencia del presidente nacional, Nicolás Fernández, y su vicepresidente, Francisco Venzalá, presentará un documento con todas las reivindicaciones planteadas. Del abono de las cuantías de los sexenios pactadas para 2020 hasta el incremento "real" de la financiación de la enseñanza no universitaria en el Archipiélago o trabajar por un pacto educativo a nivel estatal que garantice la misma inversión por alumno en todas las comunidades.

Las cifras

  • 168 casos de agresiones o acosos a docentes es el balance del curo 2018-2019 del Defensor del Profesor de ANPE. Son 21 más que el ejercicio anterior
  • 81 de esos episodios tuvieron como escenario la provincia de Santa Cruz de Tenerfe y 87 la de Las Palmas.
  • 11 profesionales fueron presionados para cambiar la nota de los alumnos.
  • 146 casos tuvieron lugar en centros públicos, 11 en concertados, ninguno en privados y en otros 11 los docentes prefirieron no aportar datos.