Un total de 25 colectivos cristianos o vinculados a la iglesia integrantes de la Red Migrantes con Derechos en Canarias han firmado la Declaración de Las Palmas. En ella exigen un nuevo protocolo para afrontar la llegada de inmigrantes en pateras a las costas del Archipiélago. Proponen, entre otras cosas, "lugares de acogida dignos, asistencia jurídica en el idioma de quienes llegan o procesos de integración para poder aspirar a ser ciudadanos de pleno derecho".

Las organizaciones consideran que "las personas migrantes que han llegado en las últimas semanas a las islas son solo la punta del iceberg de lo que ocurre, hemos constatado y denunciamos".

Objeto de la crítica es, por ejemplo, "la falta de transparencia de la Administración Pública en cuanto a la información sobre las llegadas, los recursos disponibles y las alternativas para la acogida de estas personas". Rechazan, en este sentido, medidas "orientadas al control de fronteras, en vez de a la gestión integral de los flujos migratorios, un fenómeno que requiere respuestas estructurales".

Constatan, además: "La situación no puede resolverse con protocolos cuyo contenido no está orientado a la acogida humanitaria, no responde al respeto de los Derechos Humanos ni a los Convenios Internacionales. La Ley de Extranjería es injusta pues vulnera los derechos de las personas. Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) no son una solución en un Estado de Derecho".

En tercer lugar entienden que " la actuación de la administración pública transmite una visión negativa de las personas migrantes y provoca el rechazo de la ciudadanía. El lenguaje utilizado para hablar del fenómeno es despectivo, alarmista y xenófobo". Plantean "la necesidad de respuesta global a fenómenos migratorios cíclicos y globales".

Desde estos colectivos "exigimos a las autoridades protocolos de acogida humanitaria con lugares de acogida dignos que cubran necesidades básicas, condición de género y edad; respetar el derecho al asesoramiento jurídico en su idioma, asistencia sanitaria y apoyo psicosocial, además de promover procesos de integración como ciudadanos que deben ser de pleno derecho".

Concluyen con "una llamada a la ciudadanía, que implica salir de la indiferencia y evitar la complicidad con nuestro silencio ante la realidad de la exclusión social de las personas migrantes".