Una nueva empresa dará seguridad de forma temporal en Valle Tabares

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno canario decidió resolver el contrato con la empresa Alcor para prestar seguridad privada en el centro de internamiento educativo de menores infractores de Valle Tabares (Tenerife), en base a los reiterados incumplimientos que, según dicha administración, ha protagonizado la citada sociedad mercantil. Fuentes de dicho departamento del Ejecutivo autónomo confirmaron ayer que desde este viernes, 1 de julio, una nueva compañía gestionará, de forma temporal, el servicio de vigilancia de dichas instalaciones. En el caso de La Montañeta (Gran Canaria), la misma compañía asumirá esa labor, pero cuando acabe el contrato, es decir, desde el 1 de diciembre.

La mencionada empresa ha sido contratada por procedimiento de urgencia y subrogará a todo el personal que actualmente trabaja con Alcor. Dicha sociedad mercantil llevará a cabo dicha prestación hasta que el Gobierno canario resuelva el expediente de contratación de la futura concesionaria. Cabe recordar que Alcor asumió la gestión de la seguridad privada en Valle Tabares el 1 de noviembre de 2017 por un plazo de 24 meses y, durante estos casi dos años, ha recibido diferentes críticas por parte de sindicalistas, entre otros de la CSIF, por supuestos incumplimientos de las condiciones de la adjudicación.

Han sido precisamente tales situaciones las que han llevado a la Consejería a no continuar con la relación contractual. Un informe emitido por parte del Consejo Consultivo de Canarias concluye que la citada medida adoptada por parte del Ejecutivo autónomo "se ajusta a derecho". En un escrito de 12 de abril del presente año de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, así como en un informe del supervisor del contrato de 9 de abril constan "numerosos y reiterados incumplimientos en la ejecución del contrato, al no ajustarse a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas", según figura en el informe del mencionado órgano consultivo. La calificación del servicio se considera "deficiente", por lo que, el 25 de mayo pasado, la Dirección General firma la propuesta de inicio del procedimiento de resolución contractual. Casi un mes más tarde, la hasta ahora concesionaria presenta un escrito de alegaciones.

El 15 de julio, la Dirección General emite una primera propuesta para la resolución del contrato y quedarse con la fianza depositada en su momento por Alcor. Sobre esa medida, la Viceconsejería de Servicios Jurídicos aseguró que era "ajustada a derecho". El pasado 5 de agosto se solicitó el referido informe al Consejo Consultivo de Canarias. En los primeros días de septiembre, dicha institución recibe el documento y empieza a solicitar documentación. Desde dicho órgano se asume la procedencia de la finalización del contrato, siempre y cuando la suspensión no se aplique de forma automática y se acuerde de manera expresa; que se motive debidamente y que la instrucción haya sido diligente, y que se notifique correctamente a los interesados. En el Consejo Consultivo se enumeran hasta nueve incumplimientos, entre ellos que no se han respetado turnos de ocho horas, que no se identificara al jefe de seguridad como reclamó la Dirección General, que no se haya convocado al personal para recibir formación en varias materias, algún fallo de comunicación con el 1-1-2 o la incorporación de medios de protección y contención para los vigilantes (chalecos, escudos o guantes, por ejemplo).

Según la información recopilada por parte del Consejo Consultivo de Canarias, el Ejecutivo autónomo intentó hacer cumplir el objeto del contrato "mes a mes", pero apreció que la empresa no tiene voluntad de cumplir el contrato en los términos pactados. Dicho órgano estima que el Gobierno trató de reconducir la situación de una manera proporcionada y coherente, sin embargo, "una vez que constata que la situación no se corrige y las incidencias negativas que el proceder de la empresa está causando en el servicio, con riesgo para los menores y enorme responsabilidad para la Administración, que debe velar por el correcto funcionamiento" de una prestación "tan relevante y sensible como es la vigilancia y protección del centro de internamiento educativo de menores infractores, opta por la resolución".

La sociedad de seguridad privada alegó que la administración no le especificó correctamente los incumplimientos, pero el Consejo Consultivo de Canarias dice que esa respuesta "no se ajusta a la realidad" y que "las penalidades económicas no surtieron efectos".