Fasican, la federación integrada por tres colectivos de personas sordas -Asorlaspalmas, de Gran Canaria; Asorte, de Tenerife, y Apsal, de Lanzarote- que trabaja por ellas desde 1996 muestra su "malestar e indignación ante las consecuencias de los recortes en las subvenciones por parte de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad".

Fasican añade en un comunicado que "la cuantía total preestablecida se ve seriamente reducida en comparación con ejercicios anteriores". En este sentido, "la aportación para la contratación de profesionales de la interpretación de la lengua de signos ha bajado en un 66% (de 175.000 a 50.000 euros), lo cual redunda en un grave perjuicio de los derechos de las personas sordas de las islas".

"Según el XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, añaden, publicado en el BOE el 4 de julio de 2019, esta cuantía solo permitiría cubrir a dos intérpretes para atender las demandas de las 30.800 personas sordas censadas (hasta 2008)".

El Informe sobre la situación de la lengua de signos española en nuestro país, de 2014, indica: "Si se tiene en cuenta el número de personas sordas usuarias de la lengua de signos españolas se estima que la ratio es de un intérprete por cada 36. Sin embargo, la realidad indica que la real es de uno por cada 143, mientras en otros países hay uno por cada 10".

Todo ello, valoran, "ha repercutido en que la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias, Fasican, y sus colectivos afiliados, vean directamente afectado el desarrollo de sus servicios. Por los recortes ya mencionados y por el retraso en las resoluciones".

"Ante la incertidumbre, valoran, la Fasican se ha visto obligada a contratar, con fondos propios, a dos intérpretes desde principios de año,. Asimismo, el Servicio de Vídeo-interpretación en Lengua de Signos Visual no se ha podido implementar debido a que la convocatoria se ha publicado hace escasos días y la ejecución del proyecto debe finalizar obligatoriamente el 31 de diciembre".

Para el colectivo, "los recortes en las partidas destinadas al servicio de intérpretes de lengua de signos son inadmisibles y suponen una vulneración de los derechos fundamentales de las personas sordas". La Fasican exige "una respuesta adecuada y eficaz de la administración pública que asegure el trato igualitario con ellas".