Unos 120 pacientes, mayores con dependencias, se encuentran en estos momentos abandonados en los hospitales de Tenerife, en la mayoría de los casos debido a que sus familiares no se hacen cargo de ellos. Se trata de personas de avanzada edad y con enfermedades crónicas que tras ser ingresadas y dadas de alta, no tienen a nadie que les venga a recoger ni un lugar a donde ir. Estos usuarios de los hospitales están condenados a fallecer en el propio centro hospitalario, como ha ocurrido con centenares de casos anteriores.
El problema lleva años ocurriendo y, a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo regional, se está cronificando. El aumento de la población mayor de 65 años, que asciende a 390.532 personas en Canarias (un crecimiento del 75% con respecto a los últimos 15 años), provoca que el sistema público no pueda absorber la creciente demanda y, consecuentemente, las familias tampoco se puedan hacer cargo de sus mayores.
El aumento de personas abandonadas en los centros hospitalarios va de la mano de un descenso de la población más joven. Según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), el índice de jóvenes -menores de 14 años- ha disminuido desde el 15,95% registrado a principios de siglo al 13,63% en el año 2018. Mientras, el índice de mayores ha crecido del 11,95% hasta el 15,58% en el mismo periodo. Por tanto, ahora hay proporcionalmente más personas de avanzada edad que jóvenes, algo que, a su vez, provoca un aumento en el índice de dependencia, que ha crecido un 2,5% en 20 años.
Obligado seguro de defunción
La problemática ha tomado tal cariz que en las propias residencias geriátricas públicas, permanentemente llenas, se exige que la persona que ingrese tenga contratado un seguro de defunción -que asciende como mínimo a 3.000 euros- como requisito indispensable para aceptarla en sus instalaciones. Es una consecuencia directa de los crecientes abandonos de estas personas en los centros, que ponía a sus responsables en la tesitura de hacerse cargo de los gastos asociados al fallecimiento de estas personas.
La situación en los hospitales ha sido denunciada reiteradamente por los sindicatos sanitarios, pues ha llegado a ocasionar, en los momentos de alta demanda, colapsos en el servicio de Urgencias. Ejemplo de ello son los picos asistenciales provocados por la temporada de gripe y la consecuente imposibilidad de los hospitales de ingresar a los pacientes que así lo requieren, porque las camas están ya ocupadas.
Un número que fluctúa
El número de personas abandonadas en los centros, no obstante, va fluctuando debido a los fallecimientos y nuevos ingresos. De hecho, ha habido ocasiones en las que, solo en el Hospital de La Candelaria, este grupo de pacientes se ha llegado a contar en centenares. Ahora hay aproximadamente 50 personas en esta situación en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y otras 70 en el Hospital de La Candelaria.
Al ser una situación cíclica, Intersindical Canaria ha reivindicado en diversas ocasiones que el Gobierno de Canarias y las corporaciones insulares y municipales se pongan manos a la obra para crear más plazas sociosanitarias públicas, donde estas personas puedan ingresar una vez culmine su estancia hospitalaria.
"Estamos viviendo una situación preocupante que afecta directamente a la calidad asistencial de nuestros mayores, sometidos a un trato que resulta indignante y vejatoria", afirma Patricia Hernández, delegada de Junta de Personal del Área de Salud de Tenerife de Intersindical Canaria.
Se estima que en solo en Tenerife faltan más de 1.500 plazas sociosanitarias, cifra que supera las 5.000 cuando se habla del total necesario en la región, según lo dispuesto en el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, elaborado por el anterior equipo de gobierno. Tenerife cuenta en estos momentos con 20 centros de titularidad pública destinados a la residencia de las personas mayores (dotados de unas 800 plazas en total), 19 centros de día (400 plazas) y tres servicios de ayuda a domicilio.
La consejera de Derechos Sociales, Juventud, Igualdad y Diversidad, Noemí Santana, continuará la labor que comenzó Cristina Valido en la anterior legislatura aunque pretende "flexibilizar" los plazos de ejecución, dados los retrasos para crear las plazas en algunas islas debido a la justificación de obras, que, de demorarse, les impediría continuar recibiendo la financiación regional.
