La Asociación de Centros Infantiles de Tenerife (Acinte) propone que, para paliar la situación de carencia de plazas en centros educativos públicos de 0 a 3 años, que el Gobierno de Canarias dote de subvenciones o ayudas económicas a aquellas familias con recursos limitados para poder acceder a plazas en centros privados debido a la gran demanda que existe en las escuelas infantiles públicas y que no pueden cubrir por falta de plazas. Para tratar sobre este asunto y otros que afectan al sector, la citada asociación solicitó una reunión a principios de verano con la nueva consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, María José Guerra. Sin embargo, si la agenda de la consejera no cambia, dicho encuentro se producirá el próximo día 27. Acinte señala que la intención del nuevo Gobierno regional de poner en marcha ayudas económicas con carácter universal para la escolarización temprana "no sería justa", por lo que aboga por dedicar recursos económicos para aquellas familias que tienen dificultades a la hora de afrontar el gasto en una guardería privada si no han obtenido plaza en una de las escuelas infantiles homologadas por la Consejería.

Y es que en los últimos años las guarderías privadas mantienen plazas vacantes mientras que las escuelas públicas agotan sus plazas y padecen una larga lista de espera de demandantes.

La presidenta de Acinte, Marina Amador, comunicará también a la responsable regional de Educación, de la necesidad de llevar a cabo controles, sobre todo desde los Ayuntamientos, a los centros que se anuncian como guarderías o escuelas infantiles cuando en realidad son empresas dedicadas a la guarda y custodia de niños, ludotecas o parques infantiles regentados por personal no cualificado y ajena al sector, que desarrollan su actividad en instalaciones que, al no tener que pasar por los controles obligatorios de Educación, escapan a todo tipo de filtros llegando incluso a engañar a los padres que piensan que sus hijos están en centros reglamentados.