Durante los cuatro primeros meses de 2019, de enero a abril, se registraron 1.606 altas de resolución reconocimiento de prestación en el sistema de atención a la dependencia en Canarias, lo que supone la cifra más elevada de los últimos cuatro años para el mismo periodo, según datos certificados por el propio Imserso. Esto quiere decir que estas personas cuentan ya con una prestación económica o un servicio acorde a sus necesidades.
De esta forma, de enero a abril, se incorporaron al sistema 759 personas más que en el mismo período de 2016, 821 más que en 2017 y 81 más que en 2018. El crecimiento neto, una vez descontados los fallecidos y otro tipo de bajas como los archivos o traslados, en el periodo enero-abril de 2019 se registraron 633 altas netas, 324 que en 2016, 568 que en 2017 y 252 que en 2018. En los últimos tres años se han registrado un total de 13.857 nuevas altas brutas de resoluciones de reconocimiento de prestación, según certifica Imserso. Sumando a este dato las 1.606 altas de resolución de reconocimiento de prestación de enero a abril de 2019, la cifra total de altas asciende a 15.463.
Según el Imserso, a fecha 30 de abril, Canarias cuenta con un total de 30.951 personas que tienen reconocido el derecho a la Dependencia, un 25% más que en 2015, cuando se registraban solo algo más de 24 mil. De ellas, un conjunto de 22.271 personas cuentan ya con una prestación tanto económica como de servicio, un 62% más que en 2015.
Los servicios sociales en Canarias han evolucionado de manera muy favorable en los últimos tres años. Se trata de una tendencia creciente que se ha podido sostener desde el año 2013 gracias al esfuerzo en inversión realizado por las administraciones autonómicas y locales y que, el próximo año, a tenor de la reciente aprobación de la Ley de Servicios Sociales, podría sacar a la comunidad autónoma de la cola nacional. Un esfuerzo que no ha estado acompañado de la inversión estatal que, por el contrario, "parece seguir en retirada".
Canarias ha logrado 3,75 puntos en el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (DEC) 2018, editado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, casi dos puntos por encima de lo que registró en el año 2012. Esta mejora ha corrido a cargo únicamente de la comunidad autónoma, y concretamente del "esfuerzo inversor de las administraciones públicas", que creció hasta situarse en 2018 en 372,48 euros por habitante y año. Esta cifra supone un porcentaje del 1,82% con respecto al Producto Interior Bruto (PIB) regional, y es superior a la media nacional, situada en el 1,52%.
Los pasos que Canarias ha dado en la mejora de sus servicios sociales, según el coordinador del informe, Gustavo García, es un "motivo de alegría". "Se nota que han sido conscientes de su debilidad en esta materia y han hecho un esfuerzo", concluyó, y recordó que los resultados no se suelen ver "el año de la inversión", por lo que se mostró positivo en que Canarias pueda salir de los últimos puestos de la calificación estatal en los próximos informes.
Canarias, al igual que otras comunidades, ha logrado marcar esta mejora sin la ayuda de Madrid. Y es que, según destaca el informe, la Administración General del Estado (AGE) no ha recuperado estos años la financiación perdida durante la crisis "y parece seguir en retirada". El informe califica de "dura" la política que ha seguido la AGE en cuanto a financiación y afirma que "desde 2010 no ha tenido en cuenta a los servicios sociales en su conjunto como una prioridad". En este sentido, el documento reclama que un "acertado objetivo estratégico para los próximos cinco años" estaría en un "nuevo impulso estatal" para alcanzar la inversión pública total del 2%. Todo ello sin reducir los esfuerzos en inversión de las comunidades autónomas.
No obstante, este índice sigue siendo muy bajo en las Islas y se debe a determinadas variables que siguen lastrando el sistema. Porque Canarias continúa siendo la comunidad con mayor índice de Limbo de la Dependencia. Concretamente, un 29,3% de las personas con derecho reconocido no percibe su prestación o derecho, 10 puntos porcentuales por encima de la media estatal. No obstante, esta cifra con respecto al inicio de la legislatura ha experimentado una mejora de prácticamente el 50%.
El informe recomienda que Canarias haga un esfuerzo a la hora de incrementar la extensión y la cuantía de las Rentas Mínimas de Inserción e insta a incrementar sus servicios a personas mayores. En ambos asuntos se está trabajando, como recordó la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. El primero se plantea resolver gracias a la aprobación de la nueva Renta Canaria de Inserción, que llegará a más de 32.000 familias del Archipiélago. Para el segundo, se podría paliar con el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias, que cuenta con una inversión de más de 161 millones de euros.
