La nueva Ley de Servicios Sociales, que entró en vigor ayer al publicarse en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), dará especial cobertura a las víctimas violencia machista y luchará por la igualdad de género. Es una de las formas que tiene la legislación de tratar de adaptar la norma a la sociedad del siglo XXI. En este sentido, busca también promover la convivencia de las personas y de los grupos sociales y promover la tolerancia, el respeto a las diversidades y la corresponsabilidad en las relaciones personales y familiares.
Además, según explicó la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, la entrada en vigor de la nueva Ley supone, entre otras medidas, que "en torno a 11.000 familias con hijos a cargo, que cumplan los requisitos contemplados en la Prestación Canaria de Inserción, podrán solicitar en la permanencia en el sistema".
La ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias sustituye a la que hasta ahora ha regido estos derechos de los ciudadanos en las Islas, la Ley 9/1987. Para la consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, esta es "probablemente", la ley "más importante de toda la legislatura". Valido afirmó que supone "un cambio fundamental" en los servicios a los que puede acceder la ciudadanía. A lo largo de 98 páginas -mucho más que las 14 páginas de la anterior ley- y 108 títulos, la ley trata de instaurar "un nuevo modelo de sistema público que dirige su atención tanto a las situaciones y necesidades de cada persona a lo largo de su vida como a los diferentes espacios sociales y comunitarios en los que este se desarrolla", estableciendo un modelo "moderno, avanzado y garantista", como describe el propio documento.
No ha sido fácil llegar a este punto. Porque, y a pesar de que se proclamó como uno de los objetivos prioritarios del equipo de Gobierno, los vaivenes políticos -reflejados en la ruptura del pacto entre CC y PSOE- y la dura oposición -durante el debate de la ley los partidos propusieron 388 modificaciones al texto impulsado- han provocado que se haya retrasado, enquistado y vuelto a retrasar la aprobación de esta nueva ley.
Su aprobación el pasado 29 de marzo resultó ser un momento emocionante para la cámara. De hecho, los representantes políticos no pudieron evitar estallar en aplausos ante un logro de estas dimensiones. Habían conseguido el consenso unánime de todos los grupos parlamentarios para dar luz verde a la normativa. "Se trata de un hito en el estado del bienestar del siglo XXI", afirmó Valido, quien se congratuló de que esta normativa "sitúa a Canarias a la vanguardia de normativas de este tipo".
La implementación de los preceptos de la ley se prolongará los próximos cinco años. Se hará de manera progresiva, dotando a cada anualidad de 55 millones de euros. "Tras la publicación de la Ley en el BOC -aclaró Valido- se abre un periodo de generación de las disposiciones transitorias para regular la aplicación de la nueva normativa, así como de adaptación de los aplicativos y gestores informáticos compartidos con los ayuntamientos y procedimientos administrativos y presupuestarios necesarios para hacer efectiva su aplicación".
La nueva norma, que también establece nuevos métodos de coordinación entre Administraciones insulares, autonómicas y municipales, fija una financiación a los Cabildos al menos en un 50% y a los Ayuntamientos entre el 40% y 60%, según número de habitantes.
Esta financiación estará dividida en cuatro planes plurianuales, de manera que en 12 años se alcanzará una financiación de 900 millones de euros que podrá garantizar sobre el coste real el Catálogo de Prestaciones y Servicios Sociales de Canarias.
Adaptaciones a la moderna sociedad canaria
La nueva ley viene cargada de nuevas prestaciones y reconocimientos expresos a derechos para los canarios. Todo ello, con el objetivo de lograr una mayor protección social en Canarias, para responder a la realidad actual de Canarias y, por otra, avance hacia la consecución de lo que se ha denominado el "cuarto pilar" del Estado del bienestar.
Las novedades de esta nueva legislación con respecto a la de hace tres décadas se basa en tres puntos fundamentales.
Además, según Cristina Valido, los reglamentos de la ley introducen novedades como la capacidad de expresar la propia voluntad de forma anticipada, tener asignado un profesional de referencia o reconocer el derecho a la persona usuaria al acceso y seguimiento de su expediente a través de las nuevas tecnologías. "Y da un protagonismo fundamental a los ayuntamientos, que son la primera puerta de entrada de los ciudadanos", afirmó.
Asimismo, por primera vez incorpora el acceso a los servicios sociales como un derecho subjetivo y universal de la ciudadanía. También contempla la creación del Comité de Ética de los Servicios Sociales y del Observatorio Canario de Servicios Sociales.
La nueva ley también introduce las modalidades de convenio y concierto social con el Tercer Sector así como los requisitos para la acreditación, habilitación de sus servicios y homologación de sus espacios organizativos.
