El acuerdo con el que se pretendía poner fin a las batallas judiciales entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y la empresa que gestiona los cementerios del municipio, Cetensa, por la gratuidad de la tasa de mantenimiento de tumbas para los vecinos, se ha roto. Una deuda tributaria de 1,4 millones de euros que Hacienda le reclama a la entidad, la cual, a su vez, le reclama al Consistorio 3,4 millones por la citada tasa, ha puesto fin a las negociaciones. Pero además, y según anunció el concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra (PP), en la Comisión de Control celebrada ayer, el Ayuntamiento revisará las cuentas del servicio y no descarta el rescate del mismo, teniendo en cuenta que se aproxima la finalización del contrato establecido en 1995.
En julio del año pasado, el Gobierno local anunció que, tras varios meses de negociación, se había alcanzado un "preacuerdo histórico" entre la Corporación local y Cetensa para mantener la gratuidad para los ciudadanos de la tasa por el mantenimiento de tumbas y nichos, y para poner fin a los interminables pleitos judiciales. Dicho preacuerdo consistía en el abono por parte del área de Servicios Públicos, en un solo pago, de la deuda que Cetensa reclama por la tasa, que se dejó de cobrar a los vecinos porque así lo decidió en 1997 el propio Ayuntamiento. Esta asciende a 3,4 millones, pero la empresa aceptó reducirla un 20%, situándose en los 2,7 millones. Asimismo, se estableció que cada año el Consistorio pagaría unos 600.000 euros a la empresa de los cementerios, con el objetivo de que la tasa siguiera siendo gratis para los vecinos.
Pero, por otro lado, y en medio de esta negociación, el área de Hacienda, a su vez, reclamó a Cetensa una deuda tributaria de 1,4 millones de euros, por el impago de varios impuestos (IBI, IAE y Basura). La empresa no estaba de acuerdo con la parte correspondiente al IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y la recurrió, poniendo como condición al área de Servicios Públicos, para poder llegar a un acuerdo con respecto a la gratuidad de la tasa de las tumbas, que el "Ayuntamiento se allanara y aceptara una menor cantidad del IBI". "En la recta final de la negociación, la empresa nos plantea que tiene otro conflicto abierto con el Consistorio, un asunto tributario. Desde Hacienda se le dice que lo que pretende no es posible, pues se trata de dos cosas totalmente diferentes. Y cinco días antes de que cerrar el presupuesto y realizar el pago por la deuda de la tasa de mantenimiento de nichos, Cetensa se descuelga y rompen el acuerdo", explica el edil. Por lo tanto, añade, no se ha abonado nada a la empresa y "la emplazamos a que siga reclamando el pago de la tasa por la vía que venía utilizando, la judicial".
Los 3,4 millones que reclama Cetensa corresponden a lo que se hubiese recaudado por la tasa de mantenimiento de las tumbas a los vecinos en los años 2013, 2014 y 2016, casi 700.000 euros a la año, más los intereses de deudas ya abonadas de años anteriores. El también primer teniente de alcalde apuntó ayer que ha llegado el momento de "reconsiderar la gestión de este servicio", teniendo en cuenta que se aproxima la finalización del contrato establecido en 1995 entre Cetensa y el Ayuntamiento, que se firmó por 30 años. En concreto, la concesión terminaría el 15 de febrero de 2025. "Tenemos que replantearnos si este es el mejor modelo para los intereses de los ciudadanos y del propio Consistorio. Lo que está claro es que es inasumible que el Ayuntamiento tenga que seguir pagando un importe tan elevado por dicha tasa. Anuncio que a lo largo de este año revisaremos las cuentas de Cetensa para conocer la realidad económica de esta actividad y definiremos el modelo que queremos para la ciudad, si el rescate del servicio o sacar una nueva licitación", manifestó Díaz Guerra.
El edil realizó estas declaraciones durante la comparecencia solicitada por el grupo municipal Unidas Podemos. Su portavoz, Ramón Trujillo, denunció que el Ayuntamiento "en lugar de cobrar un canon por la gestión del servicio de los cementerios municipales, tenga que estar pagando una tasa a una empresa". La concejala socialista Patricia Hernández denunció que el Consistorio "no ha sabido controlar esta concesión y debería averiguar en qué se ha fallado". La portavoz de Cs, Matilde Zambudio, indicó que este contrato es lesivo para los intereses de los chicharreros, por lo que confía en que "la licitación se empiece a preparar ya para evitar prórrogas". UP y el PSOE apostaron porque el servicio sea público y coincidieron en que es necesario y urgente proceder a la revisión de las cuentas de la empresa.
