El área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, que dirige el edil Guillermo Díaz Guerra (PP), y Cetensa, la empresa encargada de la gestión de los cementerios en el municipio, han llegado, tras varios meses de negociación, a un preacuerdo «histórico» que permitirá mantener la gratuidad para los ciudadanos de la tasa por el mantenimiento de las tumbas y nichos. Asimismo, y según ha destacado Díaz Guerra, dicho acuerdo pondrá fin, una vez que sea ratificado por el área de Hacienda del Consistorio chicharrero, que dirige el concejal Juan José Martínez (CC), a las batallas judiciales que se libran prácticamente cada año entre la Corporación y la citada entidad.

El Ayuntamiento de la capital tinerfeña decidió suspender en 1998, con el nacionalista Miguel Zerolo como alcalde, el cobro de la tasa de los cementerios a los vecinos que tenían tumbas de familiares. Sin embargo, en el pleno de 2012 se aprobó recuperar dicho cobro. En 2013, Cetensa, empresa a la que en 1994 el Ayuntamiento adjudicó la gestión de los camposantos de Santa Cruz, por un periodo de 30 años, empezó a enviar los primeros recibos a los vecinos, pero el entonces Gobierno local, formado por CC y el PSOE, ordenó paralizar su emisión.

Cetensa ha acudido en numerosas ocasiones a los tribunales, solicitando que se le abone la cuantía correspondiente a dicha tasa, y ha ido ganando todos los litigios judiciales contra el Consistorio. Precisamente, en el último pleno, celebrado en junio, los grupos municipales de la oposición (PSOE, UP y la edil de Cs Matilde Zambudio) criticaron que el Gobierno local (CC, PP y la edil de Cs Evelyn Alonso) tenga que realizar modificaciones presupuestarias para seguir haciendo frente al cumplimiento de sentencias que el Ayuntamiento ha perdido contra Cetensa, en este caso en concreto, con una cuantía de tres millones.

En dicha sesión plenaria, el concejal de Servicios Públicos anunció que se estaba intentando llegar a un acuerdo con Cetensa para no tener que volver a acudir a los tribunales. Finalmente, ayer se alcanzó un preacuerdo, que tendrá que ser ratificado por Hacienda, según lo ha indicado el propio Guillermo Díaz Guerra. En concepto de deuda, por años anteriores, el Ayuntamiento tendrá que abonar a la empresa que gestiona los cementerios entre tres y cinco millones de euros, que podrá pagar en el plazo de dos años.

Y a partir de 2022, se incluirá cada año en el presupuesto municipal una partida para hacer frente al canon anual. «Eso sí, hemos conseguido que se incorpore una reducción en el total de la deuda y en la cantidad a pagar cada año, que se situaba en unos 700.000 euros. Hemos propuesto que sea menos de 600.000», dice el edil.