La Acampada por una Vivienda Digna, que ocupa la plaza de la Candelaria desde el pasado mes de agosto, ha llevado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ante los tribunales a raíz de la orden emitida por la Concejalía de Servicios Públicos para que desalojen la zona en un plazo de 24 horas. En concreto, esta plataforma reivindicativa ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la resolución firmada por el edil responsable del área, Guillermo Díaz Guerra, del PP, en virtud de la cual se ha acordado la prohibición de esta acampada «de protesta, dirigida a apoyar a familias que van a ser desahuciadas». La plataforma solicita que dicha resolución, notificada el 9 de noviembre, se deje sin efecto.
Así lo anunciaron este miércoles en una rueda de prensa los portavoces de la Acampada por una Vivienda Digna, Manuel Dorta y Eloy Cuadra, acompañados por unas diez familias y ante la presencia de varios agentes de la Policía Nacional. Los acampados dejaron claro que no abandonarán la chicharrera plaza de la Candelaria hasta que el Gobierno de Canarias se reúna con ellos para llegar a un acuerdo, que pasa por dar solución «al grave problema de falta de viviendas que sufre la Isla» y, en concreto, «a las 17 familias de El Tablero que están afectadas por órdenes de lanzamiento por ocupar pisos en dicha zona, los cuales pertenecen a un fondo inmobiliario».
Asimismo, indicaron que también están estudiando denunciar ante el Juzgado al concejal Guillermo Díaz Guerra y al Partido Popular (PP) por «aporofobia, por sus continuas manifestaciones contra de los pobres». «Nosotros solo estamos reivindicando un derecho y apoyando a familias que no tienen un hogar. Consideramos que lo que ha hecho el concejal de Servicios Públicos, al intentar poner fin a esta acampada, es un ataque de aporofobia», indicaron.
En relación al recurso que ya han interpuesto para que la resolución emitida por el servicio de gestión de ocupación de la vía pública del área de Servicios Públicos de Santa Cruz se quede sin efecto, la plataforma explica que cuentan con el permiso de la Subdelegación del Gobierno, por lo que «el Ayuntamiento no puede atentar contra nuestro derecho de reunión y concentración, pues están incumpliendo la legalidad». «La notificación que nos han hecho llegar dice que necesitamos una autorización municipal para ocupar la vía pública. Lo que no entendemos es que nos lo digan ahora, cuando llevamos tres meses aquí. Además, en su momento preguntamos en Alcaldía si era necesario algún permiso y nos dijeron que no. Parece que les preocupa más poner unas luces de Navidad que los problemas de vivienda que sufre esta ciudad y la Isla», señalan.
En el recurso presentado, al que ha tenido acceso EL DÍA, se aclara que el uso de tiendas de campaña es «inherente al derecho de reunión ejercido, pues con él se trata de dar visibilidad al problema que da lugar a la protesta, como es el de la vivienda y los desahucios, y la posibilidad de que existan familias que tengan que dormir en la calle». Se señala que se trata de una concentración pacífica, por lo que no existe «ningún problema de orden público» y se apunta que esta acampada no impide las labores diarias de limpieza de la vía pública.
Retirada de las tiendas de campaña
En el escrito del área de Servicios Públicos notificado el martes, y firmado por el concejal Guillermo Díaz Guerra, se ordena la retirada de la acampada, por «ocupación ilícita del dominio público municipal», en un plazo «improrrogable» de 24 horas. En concreto, se insta a los acampados a que procedan a la retirada de las carpas, tiendas de campaña y demás instalaciones que se encuentran en la plaza de la Candelaria. En la notificación municipal se hace referencia a la autorización concedida en su momento por la Subdelegación del Gobierno, señalando que esta se refiere «exclusivamente» a la «concentración» como ejercicio del derecho de reunión, «reconociéndose incompetente para pronunciarse sobre la acampada».
Al respecto, la Subdelegación del Gobierno dice en su resolución del pasado 14 de octubre que «si en el desarrollo del acto se fueran a utilizar otros elementos que supongan ocupación temporal de suelo público, como la colocación de mesas de firmas, elementos anunciadores o casetas de campañas, deberá obtenerse, en su caso, autorización del titular del suelo a ocupar», que en este caso es el Ayuntamiento de Santa Cruz.
En este sentido, el área de Servicios Públicos ha apuntado en la notificación municipal que, «consultados los archivos municipales», no consta solicitud dirigida al Consistorio chicharrero para ocupar la plaza de la Candelaria con casetas de campaña, «como tampoco consta para su ocupación en los meses precedentes, pese a la advertencia expresa notificada por parte de la Subdelegación del Gobierno al respecto». También se alega desde el Ayuntamiento en el escrito que la plaza de la Candelaria es un punto de encuentro de interés turístico y cultural, en el que transitan diariamente un número considerable de personas, y la acampada «impide el normal desarrollo de las labores de limpieza por parte de los servicios públicos municipales, desembocando, en consecuencia, en una alteración del orden público».
Precisamente, la Asociación Zona Centro ha manifestado que no entiende que «las administraciones no hagan nada al respecto para atender la problemática de estas familias» y también han mostrado su preocupación «por la imagen que se está dando a los turistas» y por el hecho de que no se pueda colocar iluminación navideñas ni realizar actividades en la zona de cara a la campaña comercial de Navidad.
Según la notificación del Ayuntamiento, la acampada tenía hasta las dos de la tarde de este miércoles para abandonar la plaza de la Candelaria. Sin embargo, desde el Consistorio se ha explicado que dicha resolución lleva un proceso administrativo, por lo que se descarta que en estos días se lleve a cabo algún tipo de actuación al respecto. En estos días, acudirá un técnico del servicio de gestión de ocupación de la vía pública para comprobar si las casetas de campaña han sido retiradas. Este deberá elaborar un informe al respecto que remitirá a la Policía Local de Santa Cruz.
El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha reclamado al Gobierno de Canarias que atienda a los acampados para que se pueda poner fin a la manifestación, recordando que en el anterior mandato, con el nacionalista Fernando Clavijo al frente, se gestionó la compra de 300 viviendas en Añaza para familias que se encontraban en una situación similar a las de El Tablero. Por su parte, este miércoles, el concejal Guillermo Díaz Guerra solo ha indicado que «estos ciudadanos tienen derecho a protestar para tener una vivienda y el Gobierno canario debe facilitársela».
