El actual concejal de Infraestructuras y Obras del Ayuntamiento de Santa Cruz, Dámaso Arteaga, solicitó un estudio sobre el puente de San Andrés en el último trimestre de 2018, cuando en el anterior mandato era responsable de Servicios Públicos. Este trabajo fue desarrollado por el ingeniero Iván Solla, el mismo que desde mayo de 2021, está realizando el seguimiento al puente tras la caída de cascotes y posterior cierre al tráfico de la plataforma. Hasta hace dos años, sólo las asociaciones vecinales de Anaga habían comunicado antes su preocupación por el estado de la plataforma, como ocurrió en el año 2015.
Según consta en el documento al que ha tenido acceso EL DÍA, el estudio entregado en 2019 advertía que «el resultado de la inspección objeto de este informe sobre el estado de conservación de la estructura se concluye que es necesario un proyecto de rehabilitación. Será además la ocasión para valorar por parte del servicio correspondiente del Ayuntamiento el futuro planeamiento de tráfico previsto para conocer las necesidades de ancho de la plataforma e incorporarlo al mismo proyecto».
El ingeniero ya hizo constar hace dos años que «a la vista del estado de conservación del puente recomendamos la reparación y rehabilitación de la estructura con objeto de mantener la funcionalidad, seguridad, durabilidad y estética del puente, aparte de los diferentes refuerzos que eventualmente se precisen para soportar las cargas de tráfico actuales», para hacer constar que los requisitos técnicos que se aplicaban cuando fue construido, en 1935, no eran tan severas como la normativa de 2019. Y precisa: «Es importante destacar que este tipo de deterioro tiene una evolución exponencial, pues aunque son lentos al iniciarse, su desarrollo se va produciendo con mayor rapidez una vez se han iniciado, pues la pérdida de recubrimiento de hormigón de las armaduras pasivas lo hace mucho más sensible a la corrosión».
El «Estudio e inspección principal. Puente de Taganana (San Andrés)» que elabora Iván Solla por encargo recibido a finales de 2018 por Dámaso Arteaga está firmado en marzo de 2019. Sin embargo, la lectura del informe pone de relieve un error en la fecha, que hace pensar que fue entregado, al menos, en mayo de 2019, cuando se celebraron las elecciones. ¿Por qué? El autor hace constar que para elaborar el estudio realiza seis inspecciones: la primera, el 6 de noviembre de 2018; y el resto, a partir de marzo: los días 12, 18, 19, y 27 de marzo, y la última, el 26 de abril de 2019.
En la parte final del informe, que consta de 27 páginas, el ingeniero plantea «conclusiones y acciones recomendadas». Lo primero, el proyecto de rehabilitación, para lo que recomienda la limpieza de la estructura que deje al descubierto la conservación del tablero, una investigación para tomar muestras de los materiales y la elaboración del proyecto de rehabilitación/adecuación, justo lo mismo que se encargó el pasado mes de mayo, dos años después, tras la caída de cascotes.
Acciones correctivas
El informe finalizado en mayo, o marzo, de 2019 propone la restitución del sistema de drenaje del tablero, la eliminación de los fragmentos del hormigón que entrañen peligrosidad para el peatón y limitar el tráfico rodado a un solo carril para evitar la sobrecarga de la zona de los voladizos y mejorar la accesibilidad de los viandantes, así como la restitución de la barandilla porque la existente en 2019 no cumple con las condiciones de seguridad, además de advertir de que el puente no está dotado de un sistema de contención para vehículos.
Entre las acciones concretas para la mejora del puente, el ingeniero plantea la limpieza y eliminación de zonas dañadas, como el picado y saneado de hormigones, una hidrolimpieza de todo el puente, instalar fisurómetros en aquellas fisuras transversales que se han detectado y, de nuevo, reitera la necesidad de un proyecto de rehabilitación y adecuación del puente de San Andrés para que cumpla con las necesidades futuras para el tráfico. Eso, en 2019. Además, restitución de los elementos de drenaje, reposición de las juntas de dilatación o saneo de los hormigones, junto a una decena de otras tantas recomendaciones técnicas.
Incluso, el ingeniero aporta una valoración económica de la reparación, que en su conjunto podría ascender a poco más de 100.000 euros. Finaliza este estudio advirtiendo que «se considera oportuno informar sobre la importancia de instalar una barrera que limite el paso a un sólo sentido de circulación, regulando el paso de los dos sentidos».
El informe fue encargado en noviembre de 2018, las conclusiones se realizaron según está escrito en marzo de 2019, aunque si se toma en consideración cuándo se realizaron las inspecciones, se finalizó en mayo de 2019, coincidiendo con las elecciones municipales.
El equipo de la entonces alcaldesa socialista Patricia Hernández desconocía la existencia de dicho informe, por más que en noviembre de 2020 se hiciera alguna intervención, como colocar un semáforo para limitar el paso de vehículos en doble sentido a la vez, o la mejora de las barandillas. Igual ocurrió después de la moción de censura que supuso el regreso de Bermúdez a la Alcaldía.
Fue la caída de cascotes del 20 de mayo pasado cuando activó todas las alertas y el concejal de Infraestructuras, Dámaso Arteaga, que había recibido el informe que estaba en poder de Servicios Públicos –área que él mismo había gestionado hasta junio de 2019– es quien lidera la declaración de obra de emergencia con la encomienda de dos nuevos estudios que justifican las dos inversiones para rehabilitar el puente, una inicial de 200.000 euros y, el pasado lunes, otra de 500.000 euros.
