«Vamos a tener que seguir pagando una casa en La Candelaria que van a tirar abajo»

Cuatro vecinos de la antigua barriada de las 115 viviendas de la antigua barriada de La Candelaria se muestran en desacuerdo con la reclamación de cantidad que les ha realizado Viviendas Municipales dentro del programa de reposición que se inició desde hace más de diez años en la zona y aseguran que «nunca nadie nos advirtió que íbamos a tener que pagar la cuantía que se nos está exigiendo, sino que nos aseguraron que sería una aportación simbólica».

Silvia, Jose, Rosario y Verónica son algunos de los dueños o representantes de familiares que son titulares de alguna de las antiguas 115 viviendas de La Candelaria que, entre una quincena de residentes en la zona, no salen de su asombro porque días atrás la Concejalía de Viviendas Municipales les ha remitido una carta para comunicarle la cuantía concreta que deben de realizar. La aportación oscila entre 12.000 y 18.000 euros, un importe superior a los 7.000 euros que, según aseguran –y aportan en la grabación de una reunión con la anterior responsable de Viviendas Municipales, Carmen Delia Alberto– se les planteó en el encuentro mantenido el 21 de noviembre de 2018. «Y la mayoría de nosotros somos pensionistas o cobramos ayudas entre 420 o 800 euros», apostillan.

Los vecinos no entienden por qué tienen que pagar por la reposición de sus viviendas cuando ellos compraron su viviendas y ya saldaron la hipoteca o están pendientes de liquidar aún; «imagínate que tengo que acabar de pagar el piso viejo y el nuevo», añaden. También aseguran que su vivienda es privada y ahora se la quieren convertir en una vivienda de protección oficial. «Esto es una expropiación forzosa que han camuflado sin derecho a réplica», aseguran estos vecinos, que aseguran que no abonarán la cuantía que les pide Viviendas Municipales y, por tanto, se muestran dispuestos a continuar en su vieja casa.

«La misma concejala también nos dijo que no nos preocupáramos porque la cuantía iba a ser simbólica porque iban a haber un excedente de plazas de garaje –dos plantas, con capacidad para 70 vehículos, de las 5 construidas para coches– que el ayuntamiento vendería y esa aportación permitiría a costear el desfase». «Vamos a tener que pagar por una casa que van a tirar abajo», se lamentan, para referirse a que desde el ayuntamiento se les ha indicado que negocien con sus bancos para que se subroguen a la nueva casa. «Yo hace 9 años que la terminé de pagar ya», precisa Verónica, que rechaza endeudarse de nuevo por el importe que le reclaman. «Se presentó un primer proyecto, que era de Elías Medina –un arquitecto del Estado–, en época de Ángela Mena, que era una maravilla y que luego se desestimó; se nos dijo que era todo diáfano y luego se cambió por otro que nada tiene que ver», añaden,: «ahora pretenden es que paguemos sus errores».

El concejal de Viviendas Municipales, Juan José Martínez, fue contundente sobre estos casos: «No ha habido ningún cambio en las condiciones económicas; tal vez puede ser algún error si alguien dijo que tenían aportar 7.000 euros. Siempre hemos hablado de que oscilaría hasta los 18.000 euros y en función del piso que entregan y el que reciben».

Martínez explica que la ley establece la figura de la permuta y por eso se entregan viviendas sociales, que permitirá revalorizar con creces las actuales viviendas, tanto el patrimonio como la calidad de vida, para añadir que a cada vecino le corresponde aportar solo un 10% del total de la obra, y nunca nadie se mostró en desacuerdo. «El programa de financiación del Ministerio que hace posible la reposición de viviendas de La Candelaria implica y obliga su consideración como viviendas sociales. No hay posibilidad de otras opciones». «No vamos a frenar el proceso de entrega de las casas a quienes acrediten la titularidad y realicen su aportación», insistió Martínez.

Sobre que la venta de plazas excedentes permitiría costear la aportación, el concejal asegura que «la subasta de las plazas de aparcamiento repercutirá una vez culminada de manera proporcional a la aportación de cada administración y propietarios. Para estos últimos será una media del 13% de lo que se obtenga».

Respecto a l que algún vecino se niegue a mudarse al nuevo edificio, Martínez reconoció que se puede dar el caso, pero «es un escenario poco probable dado el estado de casi ruina en que se encuentra el edificio y las facilidades de pago que el ayuntamiento pondría para propietarios con dificultades de financiación», para insistir en que es «una operación con financiación pública para reposición de viviendas privadas».