El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 ha rechazado los dos recursos presentados por la portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio, con los que solicitaba la suspensión cautelar de los nombramientos efectuados por la Alcaldía a favor de la edil no adscrita Evelyn Alonso. De esta manera, la Justicia avala la decisión del Gobierno local, formado por Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP), y la citada concejala, de otorgar a Alonso diferentes cargos.
Con la solicitud de medidas cautelares y la presentación de los recursos contra los decretos de la Alcaldía de fecha 13 de julio de 2020, la edil del Grupo Mixto del Consistorio chicharrero pretendía que el juez suspendiera los nombramientos de Evelyn Alonso como miembro de la Junta de Gobierno de la ciudad y segunda teniente de alcalde, por un lado, y por otro, como concejala de Gobierno del área de Promoción Económica, con competencias sectoriales en materia de Promoción Económica, Turismo y Comercio, Seguridad, Movilidad, Accesibilidad y Medio Ambiente.
El juez establece, en ambos autos, que no existe justificación para estimar la medida cautelar solicitada, puesto que aún está pendiente de resolverse la causa civil relacionada con la expulsión de Evelyn Alonso del partido político al que pertenecía, Ciudadanos (Cs). Alonso fue expulsada de la formación naranja por apoyar la moción de censura con la que el nacionalista José Manuel Bermúdez desalojó a la socialista Patricia Hernández de la Alcaldía.
Evelyn Alonso presentó una demanda contra Ciudadanos argumentando que su expulsión fue irregular “al no cumplir los trámites de comunicación y audiencia”. La Audiencia Previa estaba prevista para el pasado 24 de febrero pero finalmente fue suspendida, estableciéndose una nueva fecha, el próximo 24 de marzo.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 ha considerado, en relación a la medida cautelar solicitada por Zambudio, que “la legalidad de la expulsión de Evelyn Alonso del partido Ciudadanos afecta indirectamente a este asunto, en la medida en que, si fuese anulada la expulsión en el orden jurisdiccional de lo civil, no habría presupuesto o prius lógico para sostener este recurso”.
Asimismo, en los autos de los dos procedimientos el juez indica que “no queda claro qué derecho propio de la concejala recurrente (Matilde Zambudio) se ve lesionado por los nombramientos recurridos, aparte del interés en la legalidad de dichos nombramientos y sus consecuencias, puesto que actúa en calidad de edil del grupo Mixto, y su propia situación no consta que haya cambiado”.
“Mientras la legalidad de la expulsión no esté confirmada por el Juzgado de Primera Instancia, existe una indeterminación en un hecho (expulsión de un partido político), que asienta una situación jurídica (concejala no adscrita), que a su vez impide asentar una apariencia de buen derecho plena justificativa de la medida cautelar”, añade el magistrado.
El pleno del Ayuntamiento del 4 de diciembre rechazó, con los votos del Gobierno local, revocar los cargos de la edil no adscrita, tal y como lo había solicitado la oposición (PSOE, Cs y UP). A raíz de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre un caso de transfuguismo en Valencia, en la que se estableció que “el pase a la condición de concejal no adscrito impide que se asuman cargos o que se perciban retribuciones que implique mejoras”, la oposición en el Consistorio chicharrero exigió el cese de Alonso y que esta devolviera lo que había cobrado. El Gobierno local aportó un nuevo informe municipal que avalaba “la legalidad de los nombramientos”.
