El Ayuntamiento de Santa Cruz ha ganado la batalla judicial al Cabildo en relación a la tramitación de licencias, lo que “permitirá agilizar la ejecución de obras en la ciudad y la apertura de actividades a través del procedimiento de la Comunicación Previa”. Así lo ha destacado el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, del PP.
A través de la Comunicación Previa, los interesados pueden llevar a cabo sus proyectos en la capital mediante la presentación de un documento en el que, bajo su responsabilidad, ponen en conocimiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo sus datos identificativos, manifiestan que cumplen los requisitos establecidos en la normativa vigente, aportan la documentación que así lo acredita, y se comprometen a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento, sin la necesidad de esperar a que la licencia definitiva sea concedida.
En concreto, el Cabildo llevó al Ayuntamiento ante los tribunales porque consideraba que con el establecimiento de la Comunicación Previa para determinadas actuaciones no se estaría garantizando la competencia que ostenta la Corporación insular en materia de Patrimonio Histórico, “vulnerándose con ello la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y la Ley de Patrimonio Cultural”. El Cabildo presentó un recurso contra la Ordenanza Municipal de los Regímenes de Intervención en materia urbanística, Licencias y Comunicaciones Previas, aprobada por el Consistorio de la capital en 2017. El Tribunal Superior de Justicia (TSJC) le ha dado la razón a Santa Cruz.
La Gerencia de Urbanismo se opuso a la demanda del Cabildo señalando que las leyes a las que se refería este son posteriores a la ordenanza impugnada. Asimismo, Urbanismo recordó que en todas aquellas actuaciones en las que “el Patrimonio Histórico pueda verse amenazado y, especialmente, en aquellas que pueden desarrollarse mediante Comunicación Previa, deberá presentarse, como documento imprescindible, el preceptivo informe favorable del Cabildo en aquellos aspectos de su competencia”. “Con lo anterior acreditábamos que las competencias de la Corporación insular no solo están plenamente garantizadas sino que, además, deberán ejercerse con carácter previo a la solicitud del título habilitante ante Urbanismo”, ha explicado Tarife.
Este muestra su satisfacción ante la sentencia que da la razón al Ayuntamiento. “Nos alegramos de que se haya resuelto un asunto importante para ser más ágiles en estas tramitaciones”, apunta.
