El alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, compareció junto al concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz, el popular Guillermo Díaz Guerra, para informar que el Consejo Consultivo de Canarias, en un dictamen emitido el lunes 25 de enero, avala que el abono anual que se venía haciendo desde Emmasa a Sacyr como canon por el uso de la red pública de abastecimiento y saneamiento de agua no está sustentado en ningún documento de los que sirvieron para formalizar la concesión de este servicio municipal.
De otra forma, Emmasa ha abonado, al menos desde 2007 y hasta 2019 -cuando el gobierno socialista ordenó la suspensión cautelar del canon- casi 30 millones de euros.
El alcalde explicó que el dictamen reconoce el derecho de recuperar la inversión realizada por Emmasa a Sacyr durante doce años por lo que acudirá primero a la vía administrativa y luego a la judicial si fuera necesario para exigir la devolución del dinero y que repercuta en la calidad de la gestión del ciclo del agua.
Díaz Guerra recordó que la empresa pública Emmasa se privatizó en diciembre de 2005 por un importe de 59 millones de euros que abono Sacyr por hacerse con el control de Emmasa durante 25 años.
En 2007 se produjo una modificación en la interpretación del contrato de la privatización, y Sacyr estableció que Emmasa le tenía que abonar un canon anual de 2,26 millones de euros para recuperar el dinero que desembolsó por hacerse por el control.
El director general de Servicios Públicos, presente en la rueda de prensa, precisó que en 2016 y 2017 se produjo un cambio de personal en el área que revisó de nuevo el contrato de Sacyr con Emmasa ante las reclamaciones que había realizado la empresa desde 2011 para cubrir las pérdidas que argumentaba.
El personal de Servicios Públicos promovió el inicio de una auditoría externa que se realizó y confirmó en 2018 que habían asientos contables que no se correspondían con ningún acuerdo plenario.
A partir de ahí, el 3 de julio de 2020 -bajo el mandato de la socialista Patricia Hernández- se ordenó la suspensión cautelar del canon que el alcalde anuncia que se dejará de abonar de forma permanente, además de exigir la restitución del dinero abonado, que asciende a unos 30 millones.
José Manuel Bermúdez explicó que no cabe que la empresa alegue indefensión porque desde que se ha investigado la situación se le ha pedido informes a Sacyr para que expliquen su versión sobre el cobro del canon.
También explicó que el ayuntamiento está representado en el consejo de administración de Emmasa, al margen de la empresa Sacyr, y ahí será donde de forma administrativa se solicitará la restitución del dinero que corresponde a Emmasa, y no al ayuntamiento. Por lo que irá destinado a la mejora del ciclo del agua.
El alcalde quiso dejar claro que cuando se tuvo la primera noticia de la posible información irregularidad fue entre 2016 y 2017, cuando gobernaban en Santa Cruz CC y PP.
"Hasta mayo de 2019 no consta un documento firmado por un funcionario del ayuntamiento o de la auditoría externa que concluya que el pago del canon no se ajusta al contrato, como ahora ratifica también el Consejo Consultivo de Canarias".
Este dictamen es preceptivo pero no vinculante, precisó el alcalde, para añadir que el grupo se gobierno lo hace suyo para exigir la restitución del canon pagado de forma indebido.
El concejal de Servicios Públicos, que hizo un repaso por la evolución por el expediente desde la adjudicación hasta la fecha, felicitó la labor desarrollada por el equipo del área y al director general de Servicios Públicos, "que hoy cumple 36 años y que posiblemente ha recibido con este dictamen uno de los mejores regalos que avalan la labor desarrollada desde 2016-17".
El PSOE condena el "expolio"
Antes de la rueda de prensa convocada al mediodía por el alcalde de Santa Cruz, la portavoz socialista, Patricia Hernández, compareció ante los medios de comunicación junto a su número dos y que fuera en su mandato concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín, para lamentar el "expolio al que ha sometido Sacyr a Emmasa, desde al año 2007, que fue la joya de la corona del patrimonio municipal".
La anterior alcaldesa lamentó está situación que se estaba produciendo desde dos años después de la privatización, con una aportación anual de 2,36 millones a Sacyr, desde 2007 a 2019. Este último año el propio gobierno local socialista ordenó la suspensión cautelar de la devolución del canon anual que se satisfacía.
