El empeoramiento de la situación económica en el último semestre a raíz de la incidencia de la crisis sanitaria que se ha traducido en una merma de ingresos es una realidad y se ha dejado sentir en el notable incremento de vecinos que se han convertido por primera vez en usuarios de los servicios sociales del ayuntamiento.
Según los datos facilitados por el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), departamento que en la actualidad dirige la nacionalista Rosario González, entre enero y julio pasado se concedieron el doble de Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS) que en todo el año anterior, una consecuencia del estado de alarma, el confinamiento y los ERTE aplicados a raíz de que se registrara el covid-19.
De las 8.867 ayudas tramitadas de enero a diciembre del ejercicio anterior, el aumento de las prestaciones se ha duplicado solo en lo que va de este año, hasta elevarse a 17.386 prestaciones dadas por el Ayuntamiento de la capital tinerfeña para cubrir servicios básicos de las familias como el agua, la alimentación, el alquiler o la hipoteca o la comunidad.
Bajo la gestión de la socialista Marta Arocha -concejala de Asuntos Sociales de Santa Cruz hasta el 13 de julio- se incrementó la aportación de 2.142.447,87 euros a los 2.974.084,26, una situación que viene provocada por "el empobrecimiento de la población y su especial incidencia en el empobrecimiento social del sector más vulnerable, con especial incidencia en hogares sustentados por mujeres, personas desempleadas, inmigrantes, jóvenes y hogares compuestos por familias numerosas y monoparentales". En los últimos meses, muchos vecinos que nunca habían tenido que tocar a la puerta de los servicios municipales han acudido en busca de auxilio para poder subsistir. La situación ha empeorado con el coronavirus, confirmando la evolución que desde 2011 ya se ha registrado, con nuevos demandantes de ayudas y prestaciones sociales. Tomando de referencia el sistema de Ficha Social que se estrenó en 2016, el número de unidades familiares que acuden a los servicios sociales municipales en demanda de ayuda ha pasado de los 26.029 demandantes de hace dos años, a los 62.516 atenciones que se prestaron por el mismo concepto el año pasado.
El área de servicios sociales intensificó su esfuerzo también con 2.600 tarjetas extraordinarias de alimentos de cien euros que se gestionaron durante la declaración del estado de emergencia, dada la maltrecha situación de la economía familia.
3.142 nuevos usuarios
Más datos referidos al primer semestre del año en curso, coincidiendo con el virus. Desde el área que dirige Rosario González se informa que entre enero y junio pasado se atendieron 54.044 llamadas en el servicio telefónico de Cita Previa. De ellas, 8.338 reclamaban ayuda municipal, siendo preciso la atención de los trabajadores municipales de Santa Cruz. El Covid ha pasado factura a la población chicharrera; el estado de alarma ha estado en vigor del 13 de marzo al 21 de junio. En ese tiempo se han incorporado 3.142 personas que se han convertido en demandantes de ayuda social por primera vez.
En total, el IMAS dio cobertura en el estado de emergencia a 8.230 unidades familiares, que se beneficiaron de 22.187 intervenciones activadas desde los servicios municipales de la capital, bajo la dirección de Marta Arocha.
Unido al esfuerzo realizado por el gobierno local que presidió Patricia Hernández hasta el 13 de julio pasado, el nacionalista José Manuel Bermúdez anunció cuanto retomó el bastón de mando que la prioridad principal de su equipo serán los servicios sociales. De hecho, anunció que será el único área que incrementará su presupuesto para garantizar que ninguna familia de Santa Cruz pase hambre, un esfuerzo que también se intensificará para salir en ayuda del tejido económico de las pequeñas y medias empresas de la capital tinerfeña.
Al día siguiente de su toma de posesión tras la moción de censura, la primera reunión que mantuvo el alcalde Bermúdez fue con el tercer sector y las ONG, a los que les renovó su compromiso para ofrecer recursos y servicios a la población más vulnerable. En este sentido, la concejala de Asuntos Sociales, Rosario González, destacó la importancia que ha supuesta la declaración de la emergencia social, "la herramienta que permite impulsar y agilizar la contratación y los procedimientos" para dar una respuesta inmediata a la población, como ha sucedido con el servicios de atención domiciliaria, las dos escuelas infantiles o la ampliación de los trabajadores sociales, entre otros convenios impulsados en un mes y medio.
