El juez frena el desahucio de una vecina de 91 años por Satyani de Inversiones

El magistrado considera que tampoco hay motivos para condenar a la anciana a pagar algunas de las cantidades reclamadas por la mercantil, en concreto por la tasa de la basura y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del conjunto de la edificación, en la medida en que no ocupa todo el edificio. Y, además, condena a la sociedad a abonar las costas causadas en la instancia. La empresa con intereses inmobiliarios exigía el desahucio de la nonagenaria, en la medida en que no había pagado las rentas actualizadas ni algunos meses, entre finales del 2018 y comienzos del 2019. Le reclamaba también el pago del IBI de varios ejercicios y la basura correspondiente a 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 por el conjunto de toda la edificación, que se compone de una casa en la primera planta (donde reside la demandada) y un local comercial a la altura de la calle, donde funciona un negocio de hostelería desde hace algún tiempo.

Los atrasos y las mensualidades actualizadas fueron pagadas por la arrendataria el 24 de enero de 2019, es decir, con anterioridad a la presentación de la demanda, que tiene fecha del 22 de marzo de dicho año, según la sentencia conocida ayer.

Durante el juicio, celebrado el pasado 17 de diciembre, el letrado de Satyani de Inversiones, Jesús Alonso, del bufete Sánchez-Parodi&Alonso Abogados, aseguró que dichas aportaciones se habían hecho fuera del plazo establecido. E indicó que, en el pago de las citadas cantidades, la persona que hizo la transferencia no se podía relacionar con Dolores Rosales (la efectuó su hija). Pero el magistrado recuerda que "correspondía a la parte actora (Satyani de Inversiones) utilizar los mecanismos a su alcance" para verificar el origen de esos ingresos, sin que se pueda penalizar a la arrendataria por esta situación.

Pretensión deshonesta

En cuanto al abono de la tasa de basura íntegramente por la mujer de avanzada edad y en base a la documentación aportada, "no resulta claro que esa tasa y gravamen sean, única y exclusivamente, de la casa arrendada" por Dolores Rosales, a la vez que tacha de "absolutamente deshonesto" pretender que la mujer asuma los tributos de toda la edificación. En tres de los últimos recibos de los residuos urbanos se especificó que correspondían a la finca "Esc. T. PI OD Pta 0S", pero se estima que no es suficiente para identificar la casa donde vive Rosales. El motivo es que se desconoce la división horizontal de la edificación y la mercantil propietaria de la misma no prueba las plantas, locales o casas de que se compone. Y esos mismos argumentos son aplicados para el IBI.

La resolución judicial no cuestiona la exigencia legal de todos esos conceptos o que su impago constituya causa de desahucio, o que también quedara acreditada la voluntad de la inquilina de pagar, pero sí las cuantías concretas que se le reclaman. Es decir, con esta afirmación refuerza el argumento esgrimido por el abogado de la anciana, Javier Rivero Delgado, en el juicio. En cuanto al informe elaborado por un arquitecto técnico que determina que la casa alquilada por Rosales tiene riesgo de derrumbe, el juez sugiere su envío a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento para que adopte las medidas oportunas. Contra dicha sentencia se puede interponer, en el plazo de veinte días, un recurso ante la Audiencia Provincial.

Por ahora, Dolores Rosales podrá seguir residiendo en la histórica vivienda, en la confluencia de las calles Candelaria y Santo Domingo, muy cerca de la Parroquia de Nuestra Señora de La Concepción. Las acciones de Satyani de Inversiones para intentar que Dolores Rosales abandonara la casa empezaron en mayo del 2018, cuando le planteó que debía hacerlo para realizar una serie de trabajos de rehabilitación y mejora. La sociedad mercantil adquirió la edificación en Ejecución judicial a mediados del 2003 y, según la hija de Dolores, desde entonces no se había preocupado por su mantenimiento.