19 de diciembre de 2019
19.12.2019
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El precio del alquiler de las familias de las viviendas de Añaza llega al Parlamento

La diputada del PP Luz Reverón lleva el asunto a la Cámara tras visitar el barrio con varios ediles

18.12.2019 | 19:02
Los representantes del PP con una de las vecinas afectadas.

El Partido Popular (PP) llevará al Parlamento de Canarias la situación de "incertidumbre" en la que se encuentran las familias de las 378 viviendas de Añaza adquiridas por el Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Visocan, en enero de este año.

Así se lo hicieron saber este martes a varios de los afectados el portavoz municipal el PP, Guillermo Díaz Guerra, el concejal Carlos Tarife y la diputada Luz Reverón, en una visita que realizaron al barrio del distrito Suroeste.

La realidad, tal y como constataron los representantes del PP, es que casi un año más tarde de la adquisición de los inmuebles, Visocan cobra a las familias un alquiler "inasumible" para la mayoría, que se encuentran en situación vulnerable y que, tal y como ellos mismos explicaron, "vivimos con la incertidumbre, mes tras mes, de no saber qué solución vamos a tener".

Los miembros del PP consideran que una de las cláusulas del nuevo contrato que ha hecho firmar Visocan a las familias, que establece que en el caso de que los inquilinos protagonicen algún impago la propiedad tiene la potestad de proceder al desahucio, "no es coherente con la finalidad que tenía todo este proceso inicialmente, que no era otra que proteger a las personas que viven en estos inmuebles al encontrarse en una situación de vulnerabilidad social".

"Estas familias no tienen otras opciones para encontrar vivienda pública, pues las primeras que se construyen en Santa Cruz en quince años son las de El Tablero", recalca Carlos Tarife.

Según indican los representantes populares, hay familias que aseguran que firmaron el acuerdo hace una semana escasa, y sin embargo, la fecha del documento es del pasado mes de febrero. Esta situación se ve agravada, añaden, cuando los vecinos se niegan a firmar el acuerdo con la empresa pública de viviendas, ya que en ese caso, tal y como ellos mismos confirmaron, "no tenemos derecho a acceder a las ayudas municipales al alquiler".

Cabe recordar que el Ejecutivo canario adquirió estos inmuebles, a través de Visocan, al Banco Santander, en principio con la intención de evitar los desahucios de los vecinos de ambos edificios, por un importe cercano a los 25 millones de euros, y con el compromiso de estudiar cada caso para adaptar un plan de pagos a la situación de cada familia.

Este martes, tanto la alcaldesa de la capital, Patricia Hernández, como el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno canario, Sebastián Franquis, aseguraron que no habrá ningún lanzamiento en estas casas y avanzaron que están tratando de buscar un solución definitiva a un problema "serio" heredado.

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