Los vecinos de Cabo Llanos no tienen claro que la nueva Ciudad de la Justicia tenga que ubicarse en esta zona de la capital. La Asociación de Comunidades de Propietarios Los Llanos para Vivir reclama que, antes de que se tome una decisión sobre la ubicación de la nueva Ciudad de la Justicia, se aclaren todas las cuestiones que han surgido sobre este emplazamiento y se valoren además otras alternativas.
Así se lo han hecho saber al nuevo grupo de gobierno de Santa Cruz, que forman el PSOE y los dos exconcejales de Ciudadanos, en un escrito remitido el pasado 5 de septiembre. Los residentes en esta zona de expansión de la capital apuntalan su solicitud en documentos que se han ido conociendo a lo largo de este procedimiento.
Por ejemplo, citan el estudio de movilidad que financió el propio Gobierno de Canarias y entre cuyas conclusiones recogía que el tráfico en la zona aumentaría un 6%, incremento que el viario actual no sería capaz de absorber.
Además, advierten de que la construcción de la nueva sede judicial en Cabo Llanos "cortaría" el corredor peatonal previsto desde el Recinto Ferial al Mercado Nuestra Señora de África, con conexión posterior hasta la calle La Rosa, lo que obligaría a hacer una circunvalación por otras vías anexas.
En esta línea, muestran su preocupación también por las dotaciones públicas que están previstas en este ámbito y que la construcción del palacio judicial dejaría en un limbo. Hacen referencia con ello a la plaza pública, para la que habría que buscar un espacio alternativo que, según la asociación, no existe en la zona.
Del mismo modo, Los Llanos para Vivir alerta de las dificultades que existirían para trasladar el centro docente que prevé el planeamiento actual en esta parte de la ciudad. Un traslado que, a juicio del colectivo, implicaría tanto una larga tramitación administrativa como un alto incremento del valor económico, al tener que hacer un cambio de uso a dotacional docente del aprovechamiento urbanístico existente con uso lucrativo como oficinas. "Es bastante alto, ya que cuenta la suma de las dos parcelas, con una edificabilidad total de 42.833 metros cuadrados", puntualiza el colectivo.
También llama la atención Los Llanos para Vivir sobre la situación de otra de las parcelas, propiedad de la empresa Disa. "No está clara su disponibilidad ni, en su caso, el coste que habría que afrontar", advierte el colectivo, que se queja también de la falta de concreción de la propuesta realizada sobre este asunto por parte de la Gerencia de Urbanismo. "Solo responde a la viabilidad en lo que respecta a la nueva ordenación urbanística", sentencia.
Cabe recordar que en un principio se pensó en El Sobradillo, en el distrito Suroeste, como futuro emplazamiento del nuevo Palacio de Justicia, pero finalmente esta opción se descartó y se optó por Cabo Llanos.
Acuerdo plenario
Este viernes, el pleno de la capital aprobó por unanimidad una moción de Coalición Canaria para desbloquear la construcción del nuevo edificio judicial, aunque el grupo de gobierno, que forman PSOE y los dos concejales expulsados de Ciudadanos, dejó claro que el Gobierno de Canarias tendrá que dar respuesta a todos los problemas que se generen en la zona, de movilidad y servicios.
Entre otros aspectos, CC reclama que el Ejecutivo regional haga uso de los mecanismos que tiene la Ley del Suelo para acelerar la construcción de la sede judicial, pues si se esperara por el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) los trabajos se retrasarían años.
Precisamente, este viernes estaba prevista una reunión entre la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, y el nuevo consejero regional de Justicia, Julio Pérez, para abordar, entre otros, este asunto, pero la cita fue finalmente aplazada.
