10 de agosto de 2019
10.08.2019

Los dueños del hotel de Añaza tienen dos meses para tramitar su demolición

Urbanismo averigua los nombres de las empresas propietarias del solar en el que se comenzó a construir el inmueble, hace más de 40 años, las cuales representan a "varios cientos de alemanes"

10.08.2019 | 00:23
Hotel inacabado y abandonado en Añaza, en Santa Cruz de Tenerife.

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Disciplina Urbanística, ha emitido una resolución, de fecha 6 de agosto, con la que ordena a las empresas propietarias del solar en el que se encuentra el conocido como mamotreto de Añaza, el inacabado hotel que lleva abandonado desde hace más de 40 años y que se ha convertido en un peligro, que ejecuten medidas de seguridad en el plazo de cinco días. Asimismo, se les exige que inicien, en el plazo de dos meses, el procedimiento para la demolición o finalización del edificio. Y es que, tras una larga investigación, ya se ha logrado averiguar, al menos, los nombres de las citadas entidades, las cuales, a su vez, representan "a varios cientos de alemanes".

Con esta nueva resolución, la Gerencia Municipal de Urbanismo revoca "parcialmente" la que se emitió el pasado 5 de junio de 2018, durante el anterior mandato, en el marco de este mismo expediente, "toda vez que estaba dirigida a persona distinta de los que resultan ser propietarios y responsables del referido solar en el que se encuentra el inmueble abandonado". En concreto, las notificaciones fueron enviadas a la empresa Syocsa Inarsa. Tras varios intentos, finalmente Urbanismo ha averiguado los nombres de las empresas y entidades propietarias de los terrenos, ubicados en la calle Mayántigo, en el litoral de Acorán.

Se trata, según se establece en la nueva resolución de Disciplina Urbanística, de la entidad mercantil Teneriffa Ferienanlagen GMBH & CO. Treuhand- Und Verwaltungs-KG (representada por la compañía mercantil Teneriffa Ferienanlagen Gesellschaft MIT Berchränkter Haftung, a su vez representada por D. Hermann Kerl); de la comunidad de Bienes Santa María, y de la empresa Promociones y Servicios Los Guios (Proguisa).

La presente notificación, a la que ha tenido acceso El Día, ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), debido a que se desconoce la dirección de estas entidades y "habida cuenta del interés público que tiene esta resolución, por concebirse para preservar el interés general".

En las escrituras de propiedad de la finca no figura la dirección de las empresas compradoras del suelo y en ella se establece que este fue adquirido "en nombre de los poderdantes, en común y proindiviso, a base de novecientas avas partes, con el fin de destinarlo a la construcción de un edifico de apartamentos con los servicios comunes y demás elementos que estimen la totalidad de los comuneros o de sus promotores". En este sentido, Urbanismo explica que dichos poderdantes son "varios cientos de alemanes, cuyas direcciones en Alemania no se encuentran, en todos los casos, completas".

Con esta nueva resolución, el Ayuntamiento de Santa Cruz da un plazo de cinco días a estas entidades para que adopten, "de manera inmediata", medidas de seguridad, sobre las cuales se tendrá que realizar una "vigilancia periódica certificada por un técnico competente". Dichas medidas consisten en la instalación de una red perimetral en la fachada del inmueble abandonado, desde una altura estimada de cuatro metros, "debidamente anclada y colocada bajo la supervisión de un técnico", y en la instalación de 25 carteles, en español e inglés, que "indiquen la prohibición de acceder a dicho edificio y adviertan del peligro existente, que se colocarán en todo el perímetro del hotel, cada 10 metros de distancia". Y es que ya son varios los accidentes que se han producido en el mamotreto de Añaza.

Las medidas de seguridad más urgentes fueron realizadas por el propio Ayuntamiento de Santa Cruz, en el anterior mandato, a través de la ejecución subsidiaria, por lo que ahora tendrán que ser estas empresas las que asuman el coste de las obras llevadas a cabo.

Asimismo, en la resolución, la Gerencia de Urbanismo insta a dichas entidades a que, en un plazo de dos meses, "soliciten los correspondientes títulos habilitantes para la demolición o finalización del inmueble". El Consistorio ya calculó en su momento que el derribo podría costar casi dos millones de euros. También se les advierte de que la sanción por incumplimiento puede alcanzar los 150.000 euros.

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