La Junta Republicana de Canarias exigió ayer, en el aniversario del 18 de julio, que se retire inmediatamente el monumento a Franco situado en la avenida Francisco La Roche de la capital.
La asociación considera "inconcebible que en 2019, más de cuarenta años después de la vuelta a la democracia en el Estado español, la simbología franquista continúe ocupando espacios públicos".
"El consistorio ha sido instado en numerosas ocasiones a la retirada del monumento a Franco, que sigue teniendo un lugar de honor en la avenida más importante de la ciudad", recalcó ayer la Junta.
También recordó que el abogado Eduardo Ranz, reconocido por sus labores de denuncia de la simbología fascista en toda España, interpuso el pasado mandato un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Santa Cruz para reclamar la eliminación del monumento o su reubicación fuera de la vía pública.
Dicho procedimiento, sin embargo, se encuentra a día de hoy retirado, a la espera de que el consistorio revise el estudio de investigación encargado por el área municipal de Cultura para analizar la Ley de Memoria Histórica y la justificación de su aplicación.
Para la Junta Republicana, la nueva alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández (PSOE), "logró presidir el consistorio capitalino bajo una promesa de regeneración democrática y el impulso de políticas sociales coherentes con la búsqueda de igualdad y el respeto a la legalidad".
"Entendemos que el nuevo gobierno capitalino liderado por el PSOE debe actuar de acuerdo a la Ley de Memoria Histórica impulsada por este mismo partido a nivel estatal, hace más de diez años, y en consonancia con la Ley de Memoria Histórica de Canarias aprobada el pasado año en el Parlamento autonómico", indicó la Junta Republicana.
Asimismo, consideró que Hernández debería seguir el ejemplo de su compañero de filas, José Antonio Valbuena, quien durante su etapa como consejero del Cabildo impulsó la destrucción del monolito que exaltaba el golpe de Estado de 1936 ubicado en Las Raíces (El Rosario).
Ayer, la alcaldesa manifestó a EL DÍA que el consistorio de la capital "cumplirá" no solo con la Ley de Memoria Histórica, sino con todas las de este país, pero reconoció que este es un asunto que no han tenido tiempo de estudiar en profundidad.
"Los estudios están encargados y, por tanto, habrá que esperar. Pero nuestra voluntad es cumplir las leyes", recalcó Patricia Hernández, quien pidió "ser prudente" y ver "cómo están las cosas, qué pasos están dados". "Tampoco podemos dejarlos a medias", sostuvo. Eso sí, advirtió de que ningún estudio "vuelca una ley".
