La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz ha dado cinco días al propietario de una casa del entorno de La Salle para que proceda a instalar una malla de protección exterior ante el riesgo de caída de cascotes.
El inmueble en cuestión está ubicado en la confluencia de las calles Antonio Nebrija y Luis Vives, cerca de la sede Aspronte, y ya fue objeto de otro expediente por motivos similares hace seis años, en concreto el 6 de septiembre de 2013. En él se le solicitaba al dueño la adopción de medidas de seguridad, así como el correspondiente mantenimiento de la fachada.
La vivienda, de cuatro plantas sobre rasante, tiene una antigüedad de 74 años -fue construida en 1945-, según consta en la resolución firmada esta semana por el concejal de Urbanismo en funciones, Carlos Tarife (PP).
En la visita que realizaron los técnicos de la Gerencia al lugar, tras varias quejas vecinales, detectaron grietas y fisuras generalizadas en toda la fachada (paramentos, parapetos de cubierta, encuentros, etc.); desprendimientos del material de acabado de su soporte (enfoscado desprendido en el balcón y de otros puntos de la fachada); suciedades y humedades, con falta de homogeneidad en la pintura exterior.
Por ello, los técnicos municipales consideraron necesaria la instalación de una malla de protección anterior anticascotes, debidamente anclada en las zonas con mayor peligro de caída, es decir, en balcones, cornisas, ornamentos, parapetos y elementos volados.
Todas las medidas que se adopten deberán estar supervisadas por un técnico competente y se deberá aportar un certificado de idoneidad.
La valoración estimada que han hecho los técnicos de Urbanismo de las actuaciones a realizar ronda los 8.300 euros, según consta en la resolución, en la que se aclara también que el incumplimiento injustificado habilitará a la Corporación municipal para proceder a la ejecución subsidiaria a costa del obligado.
También se enfrentaría a la imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo, cada una de ellas, del 10% del coste estimado de las obras ordenadas.
Asimismo, se advierte de que en caso de no cumplir con las medidas impuestas se procederá a la incoación del correspondiente expediente sancionador por comisión de una infracción grave, pudiendo imponer una multa de entre 6.001 a 150.000 euros.
Según datos publicados esta semana por este periódico, la Gerencia de Urbanismo incoó a lo largo de 2018 un total de 287 expedientes de órdenes de ejecución, con las que se exige a los propietarios de inmuebles o solares que están en mal estado o abandonados que establezcan medidas de seguridad y que procedan a realizar las obras necesarias para el adecuado mantenimiento de los mismos.
Si se comparan los datos con los registrados en 2017, cuando se iniciaron 179 expedientes, el año pasado se produjo un incremento de casi el 40% con respecto a la tramitación de órdenes de ejecución. En lo que va de 2019, ya se han incoado 120.
