La campaña anunciada por Canarias para difundir en la Península y en Europa las condiciones ventajosas que ofrece el Archipiélago para la inversión a través de los incentivos del REF y la ZEC ha coincidido con un nuevo capítulo en España de esa guerra fiscal entre comunidades autónomas que cada cierto tiempo toma cuerpo en la lucha permanente por ganar espacio en la competencia por la implantación territorial de empresas.

El martes, mientras todos los medios de comunicación se hacían eco de la medida anunciada por el Gobierno de Andalucía de eliminar de facto el Impuesto de Patrimonio para tratar de llevarse fortunas ahora residentes en Madrid y otras comunidades, el Gobierno de Canarias, a través de la Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca), presentaba la campaña con la que busca atraer a casi un centenar de empresas de la Península.

En apariencia el objetivo es el mismo, pero esta supuesta coincidencia sirve para poner de manifiesto que el debate fiscal se aborda de manera muy diferente en Canarias que en el resto del país, y que lo que en otras regiones se entiende como una medida táctica y una carrera en la reducción de impuestos para robarse compañías o grandes fortunas, que además genera coste en las arcas públicas, en las Islas tiene un carácter mucho más conceptual y de fondo que busca la inversión a largo plazo sobre la base de los incentivos de un régimen fiscal propio, amparado por la Constitución, cuya razón de ser es compensar el coste, en términos de competitividad económica, de la lejanía y la insularidad.

Pero la cuestión fundamental que deja al descubierto esta coincidencia temporal entre la campaña de Proexca y el debate sobre la batalla fiscal entre autonomías es la clara impresión de que el REF y la ZEC no son aún herramientas suficientemente conocidas en el conjunto del panorama empresarial español, y que sus incentivos no son valorados en toda su dimensión por los sectores económicos del país, pese a ofrecer ventajas de inversión muy superiores a las que puedan hacer otros territorios.

Por eso es tan necesaria la difusión sobre las ventajas del REF emprendida por el Gobierno regional en este contexto en el que las empresas, y el mundo económico en general, muy tocadas por las consecuencias de la guerra en Ucrania y la crisis energética, necesitan de condiciones óptimas para garantizar su viabilidad y tener perspectivas de futuro. Y por eso es también fundamental que las administraciones eliminen todas las barreras burocráticas posibles, y que el Estado garantice seguridad jurídica y flexibilidad operativa, en función de los contextos económicos que se vayan dando, y abandone su tradicional cicatería con la aplicación práctica de estos incentivos, cuando no lecturas contrarias al espíritu de la norma.

Canarias no necesita por tanto entrar en esa guerra de rebajas fiscales que, sobre todo las regiones gobernadas por el PP emprenden con frecuencia en la Península, que ponen en riesgo la viabilidad del Estado del bienestar y la propia cohesión territorial, además de lanzar un mensaje letal sobre la utilidad y función de los impuestos en una sociedad que cada vez reclama más derechos y mejores servicios públicos.

La irresponsable carrera emprendida en este sentido por comunidades como Andalucía, Madrid, Murcia, Galicia o Castilla y León contrasta además con la vehemencia con la que todas ellas exigen cada vez más recursos del Estado y mejor trato en el futuro sistema de financiación autonómica.

Para más inri, esas comunidades critican el alto endeudamiento del Estado por los gastos extraordinarios a los que se ha tenido que hacer frente por la pandemia sanitaria, la crisis energética y la inflación, pero rebajan impuestos propios mientras sus respectivas deudas autonómicas siguen al alza. Es cierto que algunas de ellas están en el grupo de peor financiadas y exigen una reforma que corrija su déficit, como también ocurre en el caso de Canarias, pero la competencia por las rebajas fiscales no es precisamente la mejor forma de abordar el debate sobre la reforma del sistema. Por el contrario, lo va a dificultar aún más precisamente cuando, después de ocho años prorrogado, parece que se iniciaba un proceso para su necesaria modificación. De hecho, otras comunidades ya están planteando que se tenga en cuenta la carga fiscal de cada una de ellas para decidir el reparto territorial de los fondos estatales.

La campaña iniciada por Proexca a través de una gira de sus responsables y los de la consejería de Economía del Gobierno de Canarias por seis provincias del resto del país con contactos directos con empresas españolas y de otros nacionalidades con actividad en España, pondrá en valor los nichos estratégicos que el Archipiélago quiere desarrollar en sectores como el audiovisual, los videojuegos, la economía azul, la eólica offshore, la aeronáutica aeroespacial o la conexión logística entre Europa y África.

En estudios recientes, parece demostrarse que son muchas las posibilidades de atraer a empresas de la nueva economía para las que las ventajas del REF y de la ZEC son todavía muy desconocidas o, aun conociéndolas, no tienen la información suficiente como para plantearse seriamente un cambio de sede e instalarse en el Archipiélago, o al menos proyectar aquí sus nuevas inversiones. Aunque la llegada de nuevas empresas a las Islas en los dos últimos años, tras lo peor de la pandemia sanitaria, ha sido constante, con lo que ello ha supuesto de creación de empleo de alta cualificación, se ha detectado que existen mercados europeos que conocen mejor las ventajas del REF y de la ZEC que las empresas instaladas en la Península.

El actual contexto político de debate sobre la fiscalidad en España y la competencia abierta entre las comunidades autónomas para rebajar los impuestos, ofrece el mejor escenario a Canarias para explicar los incentivos a los que pueden acogerse las empresas, con la ventaja de que son herramientas fijas y estables de desarrollo que nunca dependerán del viento político o gobierno de cada momento, sino que forman parte de la arquitectura fiscal de la comunidad autónoma reconocida y amparada por todas las leyes españolas, y avalada con demostrado compromiso por parte de la UE. Canarias debe desmarcarse de esa escalada de recortes impositivos entre autonomías, con prácticas de dumping fiscal impropio de un país que pretende la máxima cohesión y solidaridad interterritorial, y centrarse en difundir, explicar y convencer de las ventajas de las que ya dispone.