Hace unos días ocurrió un hecho ignominioso en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB): grupos separatistas catalanes emparentados con la llamada Candidatura de Unidad Popular (CUP), destrozaron una caseta informativa instalada por estudiantes constitucionalistas de la asociación S’ha Acabat. En la violenta acción –narra el historiador y exdiputado socialista catalán Joaquim Coll en El Periódico de Catalunya– se repitió el esquema habitual: decenas de personas se aproximaron con amenazas e insultos a la caseta, boicotearon su actividad con música ensordecedora, robaron luego el material y sus símbolos (preferentemente la bandera española para romperla o quemarla), y acabaron asaltando y destrozando la caseta.
Pero con ser hechos graves, no lo es menos –se indigna Coll– que el comunicado al respecto del rectorado de la UAB sea incapaz de denunciar la violencia y diferenciar las víctimas de los agresores, limitádose a «lamentar la situación de tensión» sin concretar quién coacciona, insulta, agrede y destroza. Por su parte, Gemma Geis, Consejera de Educación del Govern (quien hace poco llamó fascistas (?) a los miembros de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, AEB, por conseguir que los Tribunales resolvieran que los exámenes de selectividad debían estar disponibles en todas las lenguas oficiales en Cataluña y no sólo en catalán), remató la faena aprobando el equívoco comunicado rectoral.
La guinda a tanto desafuero la puso días después en el parlamento catalán la diputada por la CUP Eulàlia Reguant, que se autodefine como «antifascista perpetua» (!), aplaudiendo la actitud de los estudiantes agresores y tildando de fascistas a los partidos (PSC, Ciutadans, PPC y Vox) que condenaron tales acciones. Un ejemplo evidente de uso impropio del término fascistas, porque de utilizarse: ¿no sería más congruente aplicarlo a los que emplean la violencia para expulsar del común ámbito público a quienes sostienen pacíficamente ideas y criterios diferentes de los suyos?
Javier Díaz Malledo
Santa Cruz de Tenerife
