Las interpelaciones tiene su punto cubano y en las proposiciones no de ley se puede apreciar el pulso de la oposición e incluso puede quedar retratado un gobierno. Por ejemplo, el pleno de esta semana resultó más interesante en esta segunda jornada que en el primer y martirizante día. Gracias a Poli Suárez, el rostro humano del PP, siempre enrollado y gentil, los diputados pudieron compartir algo común: la firme convicción de que son buenas personas y que realmente representan en cuerpo y espíritu a sus votantes.

Suárez había presentado una proposición no de ley en defensa de los ancianos. «Como olvidar a aquellos que te han hecho crecer, que nos han dado todo y a los que todo les debemos». El presidente del PP de Gran Canaria hizo todo lo posible para trasmitir su honda y vibrante empatía hacia los viejitos. «No podemos machacar a nuestros mayores; los hay que no reciben ni una visita en Navidades». Este cronista es incapaz de entender como una PNL va a evitar la proliferación de hijos desalmados y alérgicos al verdadero espíritu navideño, pero al parecer sus señorías opinaban todo lo contrario. Suárez citó por su nombre y apellidos a varios ancianos de Moya, municipio del que fue alcalde muy votado. «Cuando veo a Manolo con casi setenta años tocando la guitarra eléctrica, creo que ese es el envejecimiento al que debemos aspirar». Por un momento sentí un ataque de pánico imaginando a cientos de Keith Richards saltando por Lomo Blanco y La Jurada. Fue muy agasajado por todos los grupos como diputado de buen corazón y la proposición resultó aprobada por unanimidad, pero no antes de que Teresa Cruz Oval, portavoz socialista, dejara claro, en una de sus habituales frases digna del mármol, que para su grupo parlamentario «la vejez no es un problema» (sic).

La diputada coalicionera Rosa Dávila defendió una proposición no de ley de apoyo a los trabajadores del grupo empresarial JSP, la principal industria de productos lácteos de Canarias en trance de desaparición y ya en fase concursal. CC lleva meses solicitando la intervención del Gobierno autónomo para evitar el cierre de una empresa estratégica en el sector industrial isleño, con más de 500 trabajadores en plantilla, pero que creaba otros 2.000 puestos de trabajo indirectos en el sector ganadero. Después de muchas semanas de insistencia el Ejecutivo no ha hecho absolutamente nada, y precisamente para evitar que se evidenciara esa nada nadeante, los portavoces de la mayoría se tiraron al cuello de Dávila, en particular, y con especial desvergüenza y energía falsaria, Manuel Marrero y Luis Campos. Para Marrero, por supuesto, no era tolerable que alguien de Coalición Canaria pretendiera interesarse por la supervivencia de una empresa y la situación de los trabajadores. Los trabajadores son un bien simbólico de Marrero, de Podemos y del Gobierno izquierdoso, por lo menos hasta que pierdan totalmente el empleo. A una diputada que simplemente presentaba una PNL proponiendo fórmulas para que los poderes públicos intervinieran en una empresa utilizando normativa europea terminó llamando demagoga a voces para remachar que «usted no es experta en este asunto». Para Marrero, al parecer, los diputados que no son «expertos» deben callar la boca, aunque dada su ignorancia palabrera esa norma condenaría al representante de Podemos al silencio eterno en cualquier debate. Más estúpidamente todavía, Luis Campos, de Nueva Canarias, recordó que Dávila había sido consejera de Hacienda en la legislatura anterior, lo que la inhabilitaba a su juicio para hablar de empresas en crisis o cierres empresariales, porque seguro que entre 2015 y 2019 se cerraron empresas en Canarias –citó a cosechadores de tomate– y ella no hizo nada, no quiso hacer nada o no pudo hacer nada. Al parecer en los doce años en los que Campos fue teniente de alcalde del ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana en el municipio jamás cerró una empresa. En el prolongado periodo en el que Román Rodríguez mantuvo cargos en el Gobierno canario tampoco. Que se utilicen argumentos tan burdos y abaratados para aplastar una PNL y a su proponente, llamar irresponsable a la única fuerza que ha presentado una propuesta para evitar el fin de JSP y sumar 500 desempleados más en las islas, deja meridianamente claro el miedo infeccioso de la mayoría gubernamental a la crítica, su malestar ante cualquier alternativa, su nula voluntad hacia un consenso real con la oposición incluso cuando se trata de la comida y el porvenir de cientos de trabajadores y de evitar un agujero en el tejido industrial canario.

La última exhibición de impudicia del Ejecutivo corrió a cargo de su principal problema de gestión, llamable Noemí Santana, asombrada de que la interpelasen en la Cámara. Pero, ¿por qué la interpelan? ¿Qué conspiración es esta? ¿A qué viene este complot judeomasónico que no cesa de arrastrar su larga cola de falsedades e intrigas? La primera interpelación, en fin, la hizo María Australia Navarro, que se despachó a gusto con la máxima responsable de la Consejería de Derechos Sociales. Santana se defendió como pudo, afirmando que la mayoría de los datos aportados por Navarro eran pura invención, por lo que la líder del PP simplemente estaba arremetiendo contra ella y contra Podemos. «Y lo lamento mucho», finalizó, «pero va usted que aguantarnos durante mucho tiempo». Lo cierto es que, según sus propios datos, la Consejería de Derechos Sociales no puede presumir de una gestión sustancialmente mejor que la de su antecesora. Sin duda la crisis sanitaria –y su terrible impacto económico y social– define un contexto muchísimo más complejo para el desarrollo fructífero de las políticas sociales pero, ¿no se felicitaban precisamente hace un año de que la crisis hubiera llegado con Podemos en la Consejería de Derechos Sociales? «Imagínense ustedes», propuso al pleno Santana en junio del pasado año, «que en esta situación gestionase este departamento la derecha, la derecha españolista o la derecha canaria». Es un contrafáctico inadmisible, pero lo que sí puede evaluarse es cómo lo ha hecho la izquierda podemita en un Ejecutivo liderado –pero menos– por un presidente socialista. Y pesar de los esfuerzos y de algún exitoso meritorio, pero menor, lo ha hecho bastante mal. Tal vez Navarro jugó con los datos – algunos inexactos y otros parciales – para dibujar una mala gestión por Noemí Santana y su equipo. El problema es que con los datos que aporta la propia consejera no puede dibujarse una gestión aceptable. Y menos cuando los ciudadanos canarios más lo necesitaban.

En la interpelación solicitada por la diputada Cristina Valido la respuesta de Santana fue similar a la de siempre. Valido preguntaba por el origen y el desarrollo de las denuncias sobre agresiones sexuales y prostitución en el centro de menores migrantes no acompañados Porto Bello, ubicado en un complejo de apartamentos de Mogán, y Santana comentaba que se sentía muy decepcionada por la interpelación. La diputada de CC se cuidó muy mucho de calificar actos o difundir versiones: se limitó a recabar información clarificadora de lo ocurrido de forma harto lacónica. Dió lo mismo. La consejera insistió en la “máquina de fango” de sus fantasías ideológicas, insinuó que CC presionaba a la pobre Valido para hacer preguntas tan sórdidas, censuró que «se utilicen niños» para arremeter políticamente contra la Consejería y otras pequeñas inmundicias que pudo reunir sobre la marcha para no aclarar absolutamente nada de lo ocurrido. Pero hay que armarse de valor y paciencia, en efecto, porque quedan dos años con Santana al mando descalabrado de un departamento en el que antes que la gestión está la política y antes de la política la propaganda y el autobombo. Ángel Víctor Torres no tiene a nadie mejor para desinflar las expectativas electorales de Podemos a favor del PSOE o de la abstención.