Una relación laboral se establece cuando alguien paga para que le hagan un trabajo y alguien cobra por hacerlo. Y a partir de esto, tan simple, hemos fabricado una torre de Babel de leyes, reglamentos, y tutelas para proteger al que cobra del que paga. Entre otras normas, existe un Salario Mínimo Interprofesional: el suelo salarial que se le puede pagar a una persona para que trabaje una jornada estándar. Ahora lo quieren subir en el entorno de los mil euros. Y el Banco de España ha advertido —con polémica incluida— que si lo suben demasiado se cargarán puestos de trabajo porque la última vez que lo subieron palmaron unos 170 mil empleos.

¿El nivel salarial tiene impacto en el empleo? Por supuesto que sí. Si el salario mínimo se fijase en, por ejemplo, 6.000 euros mensuales, sería fabuloso para los que cobramos. Pero al mismo tiempo sería inviable. Ninguna empresa de este país —donde hay casi dos millones de pequeñas y minúsculas — podría pagar una nómina así. Si, por el contrario, el salario mínimo obligatorio se fijase en cien euros, haría muy felices a los que pagan, pero sería un desastre para los que trabajan (y de paso para el consumo y para el mercado y, por cierto, para las ventas de las propias empresas). Así que se trata de acertar muy bien con el cálculo de hasta dónde puede llegar el esfuerzo de los que pagan para favorecer los intereses de los que cobran. Y viceversa.

Algunos economistas dirían que esa relación la tiene que fijar el mercado. Que es la ley de la oferta y la demanda la que debe establecer los salarios. Si necesitas contratar un buzo y existen pocos buzos disponibles, tendrás que pagar un dineral para conseguir un trabajador disponible. Pero, por ejemplo en Canarias, lo que más se demanda son empleos de baja cualificación y tenemos una cola de más de 270 mil personas — tres millones seiscientos mil en España— esperando para currar. Y cuando lo que hay es excedente de mano de obra disponible y muy poca oferta, la tendencia es que los sueldos bajen. O sea lo mismo que los pasajes de avión de Canarias a Madrid, pero al revés.

El buen Gobierno, que nos pastorea de la cuna a la tumba, quiere proteger a los trabajadores y hacer que cobren un “salario digno” —no sé yo que tiene que ver la dignidad con la pasta— para que puedan pagar sus hipotecas y esos impuestos de los que viven en este país más de cuatro millones de empleados públicos y socios transeúntes de la política. Que fallen o acierten con nivel del salario mínimo es importante, porque pueden distorsionar el mercado y perjudicar el empleo o favorecer el consumo y el bienestar. Como siempre, la intención es buena, pero intervenir de forma artificial en los delicados mecanismos de la economía puede tener consecuencias indeseables. Sobre todo cuando el Gobierno prepara, además, un plan para encarecer el despido y perseguir de forma implacable todos los contratos temporales menos los suyos: es decir, los que hace el sector público.

La reforma del mercado laboral se está haciendo por la puerta de atrás y eso, a la larga, nos puede traer problemas. La gran mayoría de la Unión Europea va por un lado y España por otro. En nuestro país ponemos como modelo los salarios mínimos que se pagan en otros países prósperos de la UE aunque somos el séptimo más alto. Pero ahí se acaban las comparaciones, porque en otros asuntos —costos del despido, por ejemplo— no queremos ni oír hablar. Lo importante, realmente, son los salarios medios de un país. Y más que eso, el nivel de vida. Hay países —pobres— donde con un sueldo de quinientos euros eres el rey del mundo. Y hay otros —ricos— donde con dos mil euros apenas te da para pagar un alquiler y comer. Todo es relativo, como decía el amigo Albert. Aunque tal vez lo peor sea lo nuestro, que somos un país rico pero con salarios miserables. O sea, una pura contradicción latina.

Lo que nos debería preocupar —y mucho— es que somos el país europeo, además de nuestros amigos los italianos, donde existe una mayor economía sumergida: un 20% del PIB a nivel nacional; doscientos cincuenta mil millones que se mueven en negro. En Canarias, donde siempre ganamos en todo lo que sea malo, la economía opaca llega al 30% según los expertos de Hacienda.

Además de todo esto, somos el país que tiene mayor número de trabajadores en precario y la mayoría de ese abuso de temporalidad se da en las propias administraciones públicas. Ya se sabe que las leyes, en este país, solo obligan a las ovejas del rebaño privado. Los lobos y los pastores van a su bola.