Violencia, violaciones, prostitución. Un enorme escándalo ronda un centro de acogida para menores inmigrantes, en el municipio de Mogán. La denuncia anónima de algunos trabajadores del centro ha permitido conocer el lado más oscuro de la incapacidad de la administración pública para proteger a quienes están a su cargo.
Nuestras autoridades podrán recitar la Biblia en pasta, pero ya son demasiadas veces y demasiados incidentes y en demasiados sitios. El sistema de acogida, tensionado hasta un extremo insoportable, con hasta dos mil setecientos menores, está reventando sus costuras. Y la penosa sensación es que los responsables de Asuntos Sociales no tienen el control de lo que está pasando.
La consejera, Noemí Santana, ha reconocido que el centro de menores tenía “deficiencias”. Y que su departamento no tenía conocimiento de los hechos denunciados sobre los que ordenó una desconcertante “investigación interna”. Algo muy raro, porque cuando alguien comunica la comisión de un presunto delito lo que hay que hacer es ponerlo en manos de la justicia, cosa que Asuntos Sociales, al parecer, no hizo. El zorro no debería investigar en el gallinero. O lo que es lo mismo, quienes podrían tener responsabilidad política en un tema desastroso no son los más indicados o fiables para investigar su existencia.
Para empezar parece que hay once menores fugados y en paradero desconocido. Una “pequeña” anomalía que, por lo visto, no ha merecido ninguna alarma. Uno de ellos es, al parecer, la víctima de abusos sexuales de algunos mayores que, engañando sobre su edad, estaban en el mismo centro que los menores acogidos. Mezclamos a los lobos con las ovejas y aquí no pasa nada. La Fiscalía ya ha empezado las investigaciones, tras la denuncia presentada por el ayuntamiento de Mogán, y ya veremos en donde acaba todo esto. Pero produce inquietantes escalofríos que jóvenes acogidos por el Gobierno de Canarias puedan ser víctimas de abusos sexuales, explotación o violencia.
Las islas deberían tener centros y personal especializado propios. En vez de eso, urgidos por la masificación, se contrataron hoteles y apartamentos turísticos y se encargó a terceros la atención de los menores. Porque nuestra capacidad de acogida estaba desbordada.
Ante eso, el Gobierno de Canarias ha optado por un silencio cómplice. Canarias no se ha plantado ante la insolidaridad de Madrid y de la Unión Europea. Lo ha tolerado, lo ha disculpado y lo ha minimizado por razones de disciplina política. Nos ningunearon y nos engañaron en los peores momentos de la crisis de la inmigración ilegal y solo nos hicieron caso cuando el escándalo humanitario empezó a salir en los titulares de los medios madrileños.
La cantidad de menores acogidos en Canarias es una injusticia que la señora Santana y el resto del ‘pacto de las flores’ han digerido como un convento de ursulinas ante las instrucciones del Vaticano. En la crisis de Ceuta el presidente Pedro Sánchez se plantó allí a las pocas horas y el Gobierno peninsular desplegó al ejército y repartió solidariamente a los inmigrantes marroquíes. Aquí no tenemos lo que nos merecemos. Tenemos lo que nuestros gobernantes se merecen.
