Sinceramente, no imagino el cabreo que deben tener los siete profesionales a los que unos partidos políticos (PSOE, CC, PP y Nueva Canarias) fueron a buscar para proponerles formar parte de la junta de control —el consejo de administración— de la televisión canaria. Y que luego tuvieron que comparecer ante una comisión del Parlamento para se evaluara “su idoneidad” para el cargo. Y que ayer, después de todo el numerito institucional, han visto como algunos de esos partidos han votado en contra de sus propios candidatos propuestos. Algo surrealista, si no fuera simplemente canalla.
Yo me estaría acordando del árbol genealógico de todas su señorías. Aunque no es el caso, porque los conozco de atrás. El cartero siempre llama dos veces y ya en el pasado los diputados, diputadas y diputades le hicieron la misma tostada a unas compañeras periodistas a las que sometieron a parecida vejación, sin darle la más mínima importancia.
El problema está en que algunos se creyeron que esta gente, realmente, tenía alguna intención de cambiar las cosas en la televisión canaria. Porque lo cierto es que no es así. De hecho están dispuestos a hacer cualquier cosa —lo que sea— para impedir que se forme un consejo de administración que tenga algún tipo de control sobre los encargos de producción, los contratos de alquiler de instalaciones y equipos y, en suma, toda la pasta que se mueve en el negocio.
Se me escapan las razones por las que el presidente del Gobierno, Angel Víctor Torres, empezó un viaje que no llevaba a ninguna parte. ¿Para qué montar el numerito del consejo si no querían que hubiera consejo? Pero hace ya algún tiempo, hablando con una de las candidatas, ya le adelanté lo que iba a pasar: “No te puedo decir cómo, ni de qué manera, ni con qué trampa, pero te aseguro que van a impedir que se elija un consejo independiente que controle la televisión. Primero porque ya lo han hecho antes. Segundo porque ni de coña van a perder influencia en la gestión de la tele. Y tercero y más importante, porque la televisión canaria les importa realmente un higo pico”.
Cuando a mí mismo —ya estarían desesperados— me plantearon la posibilidad de formar parte del consejo de la tele que algunos inauguramos hace ya veintitrés años, me entró la risa floja. Una risa que se convirtió en carcajada cuando insistían en el disparate. Ni en mis peores sueños estaría dispuesto a que un o una cantamañanas, puesto a dedo en la zona de éxito de las listas de un partido político, decida si yo soy idóneo o no para estar en la junta de control de un proyecto del que fui el primer director general. Sobre todo cuando estaba razonablemente convencido —y los hechos me han dado la razón— de que no tenían la menor intención de permitir que ese consejo se eligiera.
Hacer de profeta con esta gente no tiene mérito. Para acertar solo tienes que pensar en lo peor. Porque ellos, por muy difícil que sea, siempre lo logran.
EL RECORTE
Salir por peteneras
Dicen que Alfonso Guerra popularizó esa técnica de “usted pregunte lo que quiera que yo responderé lo que me dé la gana”. Su sucesor es sin duda el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, que a una pregunta de Ana Oramas, en el Congreso, de por qué se cargó las negociaciones entre el Gobierno de Canarias y los empleados públicos en precariedad laboral, se salió por peteneras. Es insólito que la administración pública esté multando a las empresas privadas y haciendo inspecciones de trabajo para regularizar contrato temporales cuando se permite el lujo de estar a la cabeza en las peores prácticas laborales. En Canarias hay, se estima, unos cuarenta mil empleados públicos que no tienen ninguna seguridad en sus puestos de trabajo. La casuística va desde el encadenamiento de contratos temporales -durante más de una década- a las más exóticas interinidades. Iceta propone que no haya ningún empleado público temporal o interino que dure más de tres años y que al cabo de ese periodo se le eche sin indemnización. Asombroso. Pero en todo caso, esa sería una solución para los nuevos. La pregunta, la que le hizo Oramas y la que se hacen miles de empleados en precario, es qué se va a hacer con los que ya están. Con los que llevan años y años trabajando. La administración no puede destinar empleados públicos temporales a atender necesidades que no son provisionales, esporádicas, puntuales, excepcionales o coyunturales; sino que son ordinarias, estables y permanentes. Y esa es la práctica común ahora mismo.
