En Canarias tenemos una gran superficie de suelo agrario sin cultivo y no todo se debe a la sequía. El abandono del campo motivado por la poca rentabilidad que ofrece es una realidad y, en muchos casos, no hay incentivos económicos para el que cultiva. Esta situación se agrava ante la importación de productos agroganaderos –sin tener presente los costes de producción local–, que hay que tener en cuenta a la hora de entonar el discurso de “abaratar la cesta de la compra” y también en el marco legal tierra-campesinos.

¿Se están creando estímulos para que se incorporen agricultores jóvenes a nuestro campo? ¿Hay facilidades para conseguir suelo al que se le puedan incorporar instalaciones complementarias, establos, riego o depósitos? Además, hay que tener en cuenta aspectos como la ley del suelo, los arrendamientos, la medianería y la temporalidad de la explotación y las contrapartidas a las que hay que responder por las dos partes y la penalización por el incumplimiento.

Aquí y ahora se habla de la permanencia temporal de manera rígida y no se dice nada del rendimiento de la explotación. Tampoco se penaliza a los propietarios de terrenos abandonados, auténticos focos de plagas para las fincas colindantes y también, en muchos casos, suelos propicios para actuar como focos de inicio o propagación de incendios en los veranos.

Tenemos tierras balutas –espacios sin cultivar– y la necesidad social y ambiental de cultivar sin barreras que alejan el acercamiento entre el propietario de la tierra y el agricultor, ya que tenemos un marco legal que reconoce la propiedad privada. No estoy hablando de la sovietización de la tierra, pero tampoco vemos que nadie hable de medidas legales que fomenten el papel social de la tierra en una sociedad con miles de parados.

Canarias es un ejemplo de una sociedad que no se enfrenta a sus problemas. Tengo ejemplos de libros, de cómo y porqué tenemos muchas tierras balutas. Una parte tiene que ver con una sociedad de sopa boba en la que hemos llegado a decir: tengo derechos y ¿obligaciones?

Veamos un caso concreto, aunque me reservo los nombres. El propietario de un terreno lo planta de frutales, le pone una red de riego y hace una serie de mejoras en la explotación. La entrega a un medianero –a cambio de las medias–, pero este se olvida de atender la finca, malgasta el agua –ya que riega más hierba que frutales– y se olvida de cerrar las llaves, lo que multiplica por cuatro los consumos anuales. Y ahora viene lo que no tiene desperdicio: se olvida de aportarle al propietario las medias acordadas. Es más, cuando el dueño le propone que se quede con la cosecha del último año y que le deje la finca –ya que en contadas ocasiones le ha aportado parte del coste del agua–, el medianero recurre a los abogados con alegatos de un acuerdo temporal y se sitúa como una víctima maltratada por el supuesto terratenientes.

Queridos lectores: es básico contar con un marco legal en Canarias que fomente la incorporación de jóvenes a la tierra y que cuenten con condiciones de garantías para todos. Los agricultores que cultivan la tierra tienen que disponer con acuerdos flexibles entre ambas partes –propietarios y medianeros– en lo que primero es el trabajo, el compromiso y el buen hacer.

Hay que desterrar del mundo rural casos como el comentado anteriormente. Hoy tenemos en Canarias cientos de conflictos de supuestas víctimas que mayoritariamente están jugando con malas mañas, alegando razones sociales de los aparceros y remontándose a los tiempos en los que algunos tenía derecho de pernada en esta tierra. Aquí y ahora necesitamos un marco legal que favorezca el trabajo, el esfuerzo y la seriedad.

Tenemos miles de hectáreas de tierra cultivable y, afortunadamente, comenzamos a tener jóvenes que miran por el campo. Por lo tanto, es urgente poner herramientas que faciliten las mejoras sociales y ambientales para que se trabaje la tierra sin abusos de antaño, pero también para que se descubra y penalice a falsas víctimas de la nueva época, poniendo de manifiesto que no los mueven necesidades sociales y agrarias.

Entendemos que es urgente disponer de unas leyes que fomenten que las tierras dejen de estar balutas, que se incorporen miles de jóvenes al campo –hay más de 15.000 jóvenes menores de 25 años parados en Tenerife– y para ello el marco legal tiene que ser sencillo y claro. Hay que favorecer la agricultura, penalizar a aquellos que tengan las tierras balutas y facilitar la incorporación de los jóvenes al campo. Pero también pedir daños y perjuicios a los medianeros que no cumplen con su labor. El campo necesita campesinos, gente con ganas de trabajar y seriedad.