No es tan complejo de entender. Si el Gobierno de Canarias se ha abstenido de dedicar recursos a la inversión en obra pública –esta comunidad autonómica es la que menos licitó en toda España en el primer trimestre de este año– es simplemente porque lo decidió así. Los recursos son limitados. Incluso en esta situación. Y las perras han tardado en llegar –las que han llegado– mientras la situación social no dejaba de empeorar, y sigue descendiendo por esa pendiente. Durante la primera mitad de la legislatura el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres renunció de facto a adoptar una estrategia de política económica. La prioridad era otra: redistribuir más y mejor y reforzar los servicios sociales y asistenciales. El estallido de la crisis pandémica, en el pasado marzo, reforzó y, hasta cierto punto, desequilibró los objetivos sociales. Ahora no se trataba de redistribuir renta para aumentar los estándares de justicia social, sino para evitar que la ruina, la pauperización, exclusión social e incluso el hambre acabasen con Canarias como sociedad moderna.

El afán por impulsar políticas redistributivas cabalgaba, y lo seguirá haciendo, sobre el relato de una Coalición Canaria que se había despreocupado estúpida y miserablemente por un desempleo estructural escandaloso, el empobrecimiento de amplios sectores sociales, las crecientes deficiencias e insuficiencias de los servicios sociales. No se respetaba ni se respeta demasiado la realidad. Primero se olvida lo que era Canarias a principios de los años noventa y su espeluznante carencia de infraestructuras básicas y el esfuerzo político, presupuestario, organizativo y técnico que supuso montar un sistema sanitario y un sistema educativo propio (hasta 1991 no se transfirieron las competencias en materia de sanidad y desde un primer instante estuvieron infradotadas financieramente). Equivocadamente o no, los dirigentes de CC estimaron que las infraestructuras –especialmente el transporte de personas, mercancías y servicios– debería tener prioridad para construir un espacio económico próspero y cohesionar territorial y socialmente el país. Luego llegó la brutal crisis de 2008 –con señales anteriores– y los draconianos recortes presupuestarios impuestos desde Bruselas y Madrid, especialmente duros a partir del año 2010. El Gobierno presidido por Paulino Rivero, líder de CC, y vicepresidido por José Miguel Pérez, a la sazón secretario general del PSC-PSOE, debió enfrentarse entre 2011 y 2015 a una presión terrible sobre los servicios sociales, que crujieron amenazando un hundimiento dramático. Al parecer nos hemos olvidado de ese durísimo lustro y su impacto en la situación social y laboral de Canarias, que precisamente en los años previos había acogido a decenas de miles de inmigrantes, en su gran mayoría europeos. El actual PSOE, al menos, lo ha hecho. Solo a partir de 2015-2016 empezaron a emerger signos de recuperación económica y se reajustaron –en parte– los desequilibrios y asfixias presupuestarias. Todas las fuerzas políticas y los agentes sociales deberían considerar esa secuencia realista de los hechos para que los análisis sean válidos y puedan apuntar a soluciones razonables y consensuadas.

El presidente Torres ha aseverado en el Parlamento que el Gobierno tiene cerrados una quincena de proyectos para mejorar la red de autovías y carreteras del archipiélago por una cantidad global de unos 900 millones de euros. Desde luego, es una magnífica noticia, siempre y cuando dentro de tres o cuatro meses el presidente no vuelva a contarnos lo mismo. Algunos de los grandes proyectos que se perfilan para optar a los fondos NG son de un gran valor estratégicos pero en general crean poco empleo. Para fomentar miles de puestos de trabajo es imprescindible la reactivación de la obra pública y del turismo.