En el ajedrez importa mucho pensar en lo que haces, pero tal vez más analizar lo que hace el competidor. En el tablero del turismo, Canarias no está sola. Compite con otros destinos, dentro y fuera de España. Cuando pase la pandemia, superada por las vacunas y la inmunidad colectiva, la gente volverá a viajar. Y cuando eso ocurra de forma masiva, probablemente a mediados del próximo año, muchos destinos realizarán agresivas campañas de captación de turistas a través de incentivos a los vuelos o bajadas de precios.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas cuenta con unas treinta grandes reformas que España se compromete a ejecutar en nuestro país a cambio de recibir los 140 mil millones de euros en ayudas. Una de ellas, en el bloque tributario, supone una subida de impuestos a la aviación, a la que se considera altamente contaminante. En la práctica eso va a suponer un encarecimiento de los vuelos que se repercutirá, como es obvio, en los pasajeros. O lo que es lo mismo, un aumento del costo de los viajes turísticos, que en el caso de Canarias, por la distancia, tendrá una importante repercusión.

Nuestras islas no tienen soberanía en la fijación de tasas aeroportuarias. No cuenta con las piezas con las que sí pueden jugar, en el tablero turístico, países del Mediterráneo que son competencia y que después de esta pandemia tendrán una oportunidad de oro para recuperar el éxito que tenían antes de la primavera árabe y la huída de visitantes a causa de la inseguridad.

Algunos están dando por hecho que cuando vuelva la normalidad regresará nuestro negocio en las cifras que teníamos antes de la pandemia. Creo que se equivocan. Somos un destino consolidado, pero nuestros competidores internacionales van a poner toda la carne en el asador tirando literalmente los precios –a niveles donde no podremos llegar– y primando a los touroperadores o aerolíneas.

No son los únicos elementos preocupantes del plan. El Gobierno está decidido a acercar el peso de sus ingresos fiscales sobre el PIB a la media europea ―un 39% en España frente al 46% de la eurozona― para ajustar el déficit estructural. Pero España no recauda menos por tener impuestos más bajos, sino porque tiene muchas menos personas trabajando. Y porque tiene una economía sumergida desproporcionada, de más de 250 mil millones de euros, algo insólito en un país europeo.

En febrero de 2022 el Gobierno español se ha comprometido con Bruselas a aprobar una gran reforma fiscal incorporando nuevos impuestos y –atención– eliminando exenciones y deducciones tributarias existentes en la actualidad: un “agujero negro fiscal” que se calcula en 60.000 millones. En los próximos dos años, España se compromete a realizar una “evaluación” –eufemismo de modificación o eliminación– de quince beneficios o exenciones fiscales del actual sistema tributario. El primero, de este año, será cargarse la declaración conjunta de las parejas en el IRPF, lo que obligará a pagar a cuatro millones de personas más de 2.000 millones de euros anuales. O sea, leña al mono hasta que hable inglés.