La licitación pública —la ejecución de inversiones en obras— se ha disparado el primer trimestre del año hasta casi 4.000 millones de euros en toda España. Un cambio de tendencia sobre el año pasado en que cayó un 23%. ¿Qué significa? Pues que las administraciones públicas han hecho un esfuerzo para crear empleo a través de la obra pública, compensando la destrucción de puestos de trabajo que ha causado la pandemia en otros sectores económicos.Y hay un dato llamativo. Hay comunidades como Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, La Rioja, País Vasco, Asturias, Cataluña, Murcia o Cantabria, donde las licitaciones se han disparado. Y hay otras, como Canarias, donde ha caído. En nuestras islas, agárrense los machos, ha descendido un 91%. O lo que es lo mismo, prácticamente ha desaparecido la ejecución de obra pública. ¿Tiene sentido que en la región donde más destrucción de empleo ha causado la recesión turística —130 mil puestos menos el pasado año— no se haya hecho un esfuerzo de inversión en obra pública para compensar ese desastre? Es un fallo garrafal que contradice todos los animosos discursos que se hacen al respecto. Te puedes inventar toda la literatura del mundo sobre planes de conversión digital y medioambiental, pero si fallas en algo tan elemental quedas muy mal en la foto.
